¿Cómo se logra transfigurar la caja negra del ejercicio del poder público de los congresos legislativos, en una de cristal? Es la tarea de leyes que regulen y obliguen a la transparencia y rendición de cuentas sumado a la implementación de las características de parlamento –léase congreso- abierto. México está en el momento ideal para transfigurarse. Veamos por qué.

Estado y sociedad abiertos

La reforma constitucional de transparencia que entró en vigencia en febrero de 2014, coloca como autoridad máxima en la materia al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI). Es el organismo nacional que obliga a cumplir con las disposiciones de transparencia y acceso a la información a todo ente público, órgano autónomo, de cualquier poder del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.

El IFAI también vigila que la información sea pública de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o ejerza actos de autoridad. Esto abarca segmentos que estaban fuera del reflector: como las organizaciones, institutos, universidades, empresas privadas, concesionarios, entre otros.

Estamos ante la presencia no sólo de la gestación de un Estado abierto, sino de una sociedad abierta en la que cualquiera que ejerza recursos públicos, deberá ser transparente, brindar información y en la lógica de la futura y nueva ley general de transparencia que aprobará el Congreso (cuando más tarde en febrero de 2015), deberá tener todos y cada uno de ellos, un apartado de transparencia en sus sitios web para que cualquier interesado tenga acceso.

Una propuesta de ley general

El Congreso ya no partirá de cero sus trabajos de legislar la ley general de transparencia, se encuentra la propuesta de ley que realizó el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, cuyo texto puede consultarse aquí. En esta aportación se especifican veintiún requerimientos básicos de información de los congresos, entre los que se encuentran: informe del monto y uso de recursos que reciben los grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones o legisladores en lo individual; votaciones en sesiones plenarias y de comisiones.

Ante lo que sumaría un par de temas fundamentales y que han dado lugar a debates álgidos: que los legisladores publiquen la lista de temas que representen un conflicto de interés, así como sus declaraciones patrimoniales. Estos elementos contribuirían a procurar la transparencia en las decisiones legislativas que toman, abonarían a combatir la corrupción y el enriquecimiento inexplicable. Al final de la historia, se abonaría a la construcción de una representación legislativa más democrática y transparente.

Dos realidades.

Con anterioridad hemos dado algunos ejemplos de cómo el contar con leyes (o reglamentos) que especifican ser transparentes, no ha obligado a que los legisladores lo sean. Tan sólo recordamos cinco de ellos:

Ahora sumamos un punto más al cumplimiento de los requerimientos de transparencia y se relaciona con el establecer al inicio de cada legislatura la lista de conflicto de intereses de los legisladores; en este caso concreto, de los diputados. La fracción VI del apartado 1 del artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece:

“Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos;” la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de los asuntos que estará vigente durante toda la Legislatura.

Si algún investigador realizara un comparativo de la regulación de transparencia en el Congreso de la Unión únicamente por la referencia de textos existentes, podría llegar a conclusiones interesantes: que hay un consejo de especialistas que acompaña las decisiones en la materia, que todos los órganos legislativos tienen la obligación de publicitar su información o que las comisiones cuentan con referencia de las votaciones que se dan al interior de sus sesiones.

Y nada de esto se cumple.

Es indispensable reconocer que la realidad legal no alcanza las acciones realizadas, que no hay consecuencias de incumplir las disposiciones de ley y que también es momento de que esto cambie en el país.

Típicamente el trabajo en terapia sicológica parte de un principio base: que el terapeuta no trabaje más que el cliente. Y esto es un punto que sería maravilloso aplicar también en los temas de parlamento –congreso- abierto, en el que los observadores externos no trabajaran más que los propios legisladores. ¿Ironía o humor negro?

¿Cómo nos ve el mundo?

El 48 por ciento de los países latinoamericanos tienen una opinión buena de México, de acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2013. Hay un dato muy relevante en relación al sistema de partidos políticos que arroja este estudio: de los dieciocho países latinoamericanos, México es quien muestra el porcentaje más alto de personas que considera que puede haber democracia sin partidos políticos: el 45 por ciento, prácticamente la mitad del país. Mientras que el 38 por ciento considera que puede haber democracia sin congreso; en este tema también México lleva la delantera.

Sumado a que únicamente tres de cada diez personas en México están interesadas en la política de acuerdo al Latinobarómetro. ¿Cuál es la combinación ideal para enriquecer la democracia, la representación legislativa y la transparencia en un contexto de cambio legal que requiere mayor apertura y aspirar a que los congresos locales y partidos se decidan a tornar cristalinos?

Es el momento de iniciar la transfiguración. Esperamos testificarlo.

Aquí el texto completo:

Transfiguración legislativa, 23jul14

 

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