“No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas” refirió Salvador Dalí sobre México.
El surrealismo está presente en cualquier ámbito; en la rendición de cuentas no es la excepción. Una de las instituciones que por ley está facultada para contribuir (o al menos a eso se aspira) al círculo de rendición de cuentas en la administración pública federal, lleva dos años operando a partir del segundo artículo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
¿Qué implicaciones tiene que la Función Pública, dependencia encargada de supervisar a la burocracia, penda como fundamento legal de operación en un transitorio, con la promesa de que se aprobará una reforma constitucional en materia de anticorrupción?
Sin debate
Va el antecedente. La Secretaría de la Función Pública se derogó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 pero sigue en funciones por el segundo artículo transitorio del citado decreto:
“Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.”
Cuando la Cámara de Diputados debatió esta reforma, el 13 de diciembre de 2012, no consideró que esta disposición:
1) Dejaba la puerta abierta para que la Función Pública operara con un transitorio por tiempo indefinido.
2) Forzaba al Congreso a considerar la aprobación de un órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción.
Los legisladores, tanto del partido del Poder Ejecutivo como los de oposición, aprobaron este decreto sin prever jurídicamente que la dependencia encargada de sancionar – revisar – supervisar a los servidores públicos de la APF, estaría en transición. Lo más conveniente hubiera sido no derogar esta dependencia sino hasta contar con la figura constitucional autónoma. El Legislativo en este sentido, no fue previsor y tampoco dio certeza a las instituciones y funciones existentes.
Facultades presupuestales
Demos un paso más en la descripción del surrealismo en la rendición de cuentas (en este segmento de la Función Pública y el Ejecutivo Federal). El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 establece en el segundo párrafo del artículo primero, que la interpretación para efectos administrativos en el ámbito del Ejecutivo Federal, estará a cargo de la Función Pública.
Los legisladores consideraron desaparecer a la Función Pública para crear a un órgano autónomo constitucional pero, dos años después, con la “fortaleza” de un artículo transitorio de una reforma legal y con establecerlo en el decreto de presupuesto, lo facultan para interpretar la aplicación administrativa del gasto público para la APF.
Diputados federales: ¿qué buscan con estas disposiciones: aspirar al diseño de un órgano autónomo o permanecer con una dependencia más del Ejecutivo? Podemos preguntar a los integrantes de las comisiones ordinarias de Transparencia y Anticorrupción, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Gobernación y de Seguridad Pública que dictaminaron ambas iniciativas, qué piensan al respecto.
Al día de hoy no existe una institución que pida cuentas y asigne responsabilidades de forma eficiente a los funcionarios de la APF, no se ha creado un organismo autónomo que redima mágicamente el combate a la corrupción y la interpretación del uso presupuestal está en manos de la Función Pública (compartida con la Secretaría de Hacienda).
Déficit presupuestal
La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la federación para 2015 con un déficit presupuestario (endeudamiento) por 641 mil millones de pesos equivalente al 13.7 por ciento del gasto total. Este monto es siete veces el gasto programable de los ramos autónomos (INE, IFAI, CNDH, Poder Legislativo, Poder Judicial, entre otros). El déficit es mayor que el gasto programable de cuatro secretarías: Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Gobernación. ¿En qué se utilizarán estos recursos?
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 17, establece que en los informes trimestrales que reporta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, deberá incluir el avance de las acciones para recuperar el equilibrio financiero. Habrá que estar al pendiente de la revisión de dichos informes para dar seguimiento al uso de la deuda y su saneamiento.
Cabe señalar que en los decretos de presupuesto de egresos 2014 y presupuesto de egresos 2013 no incluyeron especificaciones sobre déficit presupuestario. La sombra del endeudamiento se asoma, ¿es momento de encender la alerta amarilla?
Autonomía no es garantía
De los órganos autónomos que se han creado en México, algunos tienen la sombra de la partidización de su funcionamiento e incluso de la partidización de quienes les dan vida institucional. Así ocurrió con el anterior ombudsman nacional, con los comisionados del IFAI previos a la elección del #nuevoIFAI, con los consejeros del pasado Instituto Federal Electoral. ¿Qué se tendrá que hacer distinto con la creación del órgano anticorrupción?
El reto no sólo es ciudadanizar los órganos autónomos, incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones institucionales o cumplir con un buen diseño de órgano colegiado. El reto es voltear a los partidos políticos, exigir que tengan reglas claras de funcionamiento, de participación, de elección de candidaturas a puestos de representación popular y que todos rindan cuentas.
La partidización se da por la ausencia de reglas internas en los partidos políticos, por carencia de disposiciones que obliguen a que sean más abiertos, claros, transparentes, responsivos y representativos. El tejido de las redes reales de poder se fortalece con la opacidad partidista.
En la evaluación del desempeño de diputados locales, diputados federales y senadores, está uno de los elementos que pueden abonar a la rendición de cuentas. Es momento también de que la evaluación del desempeño también comience a aplicarse a los partidos políticos. Es el reto en 2015, año de elecciones intermedias, previo a los comicios de 2018 en los que la reelección será ya una realidad federal.
María del Carmen Nava Polina
@MaricarmenNava
21 enero 2015
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