¿Quién renuncia al abuso del poder?
María del Carmen Nava Polina
@MaricarmenNava
Ciudad de México, 6 de marzo 2017.
Tags: #ParlamentoAbierto, #Anticorrupción #Transparencia #3de3 #RedLTL #VisiónLegislativa #CongresosLocales #Poder #RendicióndeCuentas #Intereses #Constituyente #CdMx
Las evaluaciones, las reformas, los organismos autónomos, el monitoreo, la denuncia, han sido insuficientes para provocar de tajo la renuncia al abuso del poder. La demanda a renunciar al abuso público, es una carrera de largo aliento, que requiere contar con un conjunto de multi actores que tome distintas riendas de la exigencia y genere sólidos argumentos y evidencia, para mover al cambio.
México sigue reprobado en transparencia legislativa con 54% de acuerdo al Índice 2016 de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa , pese a contar con mejoras legales y constitucionales. Adicionalmente, seis de cada diez instituciones legislativas del país no han tenido reacción legislativa alguna sobre parlamento abierto, conforme al monitoreo de actividad en congresos locales y el Congreso de la Unión que realizamos en Visión Legislativa.
Se complejizan las reglas para buscar obligar a la voluntad política de los servidores públicos a rendir cuentas. Pero claramente no es suficiente.
Declaraciones de intereses: sin cotejar
Pero ¿en qué termina el seguimiento que realizamos? Reconocemos y le ponemos colores a la realidad del abuso del poder, a la opacidad en la representación legislativa, pero ¿dónde están las mejoras? El primer peldaño sin duda es contar con el marco constitucional y legal para exigir el cumplimiento público. Exigimos, ¿y qué ocurre si no profundizamos, si no relacionamos la información pública con la veracidad de lo declarado derivado de la exigencia? Tal es el caso, de las declaraciones de intereses.
En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto que encabecé como sociedad civil, es decir, como actor “externo” que operó la implementación del parlamento abierto, aplicamos –entre otras- la disposición de la ley local de transparencia, sobre la obligación de publicar las declaraciones de intereses de los diputados constituyentes.
Logramos que 98 legisladores hicieran públicas sus declaraciones de intereses, quedando catorce por presentar. Cabe agregar que se debieron contar con 112 declaraciones porque consideramos a todos los constituyentes que tomaron alguna decisión o participaron en votaciones del pleno (con independencia de que hayan solicitado licencia temporal o permanente); por ende, debieron proporcionar la información de sus intereses para contar con los elementos de valoración sobre las decisiones públicas tomadas, y poder identificar si observaron algún sesgo derivado de sus intereses personales.
Los diputados constituyentes que no presentaron su declaración de intereses fueron:
| Grupo Parlamentario | Constituyente | |
| 1 | CONSTITUCIONALISTA | Magaloni Kerpel Ana Laura |
| 2 | MORENA | Alcázar Castello Jorge Damián |
| 3 | MORENA | Mardonio Carballo Manuel |
| 4 | MORENA | Martha Patricia Llaguno Pérez |
| 5 | MORENA | Guillén Samperio Gustavo |
| 6 | NA | Moreno Y Toscano Edda Alejandra Beatriz |
| 7 | PRD | Franco Meza Horacio Daniel |
| 8 | PRD | Lozano Avilés Humberto |
| 9 | PRD | Martínez Y Hernández Ifigenia Martha |
| 10 | PRD | Rios Piter Armando |
| 11 | PRI | Aceves del Olmo Carlos Humberto |
| 12 | PRI | Ayala Almeida Joel |
| 13 | PRI | Cervantes Andrade Raúl |
| 14 | PVEM | Puente Salas Carlos Alberto |
Fuente: Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Febrero 2017.
Y más allá de las declaraciones de intereses presentadas, no hubo notas de medios de comunicación o analistas que hayan revisado su contenido. Las declaraciones son un elemento de exigibilidad de parlamento abierto para tener matices de probidad de la representación legislativa, son un elemento para combatir la corrupción, pero se combate con investigación. Y para alcanzar la prueba, hay que utilizar la información y llevarla a sus últimas consecuencias. Más aún cuando la información vertida en las declaraciones de intereses es responsabilidad del declarante.
Aquí pueden bajarse y consultarse las declaraciones de intereses de quienes fueron diputados constituyentes de la Ciudad de México: https://goo.gl/uOaIGH
Desde la Coordinación logramos implementar esta variable de las casi cien de parlamento abierto, y dimos cumplimiento con la ley local en transparencia; incluso más allá de lo que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha querido hacer, como lo vemos con su negativa de hacer públicas sus declaraciones #3de3 y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en vías de resolver controversia sobre el tema.
Es más, hicimos públicas las declaraciones de intereses, por acuerdo del Pleno de la Asamblea Constituyente; mientras que desconocemos, por ejemplo, las declaraciones de intereses de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del organismo garante de transparencia de la Ciudad de México.
Reacciones sobre parlamento abierto
En noviembre de 2016 se desarrolló el Seminario de Transparencia Legislativa, Hacia un Modelo de Parlamento Abierto en México, en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con la coorganización del INAI, la UNAM y organizaciones de sociedad civil que impulsamos el parlamento abierto en México. Fueron dos días intensivos de abordar sobre la aplicación de la Ley General de Transparencia para el Poder Legislativo y acerca de experiencias del parlamento abierto en otros países y en algunos congresos locales de México.
Como parte de la exposición que presenté, hice referencia a las reacciones legislativas que ha habido en los entonces 35 instituciones legislativas del país (incluida la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que se extinguió por disposición del octavo transitorio de la reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México , el pasado 5 de febrero).
Es así, que seis de cada diez legislativos en México no ha tenido ninguna reacción legislativa en materia de parlamento abierto. Cuatro de cada diez sí han tenido respuesta, a cuatro años de existir la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria a nivel mundial.
Los tipos de reacción legislativa las divido en cuatro: implementación de parlamento abierto, planes de acción, iniciativas legislativas y acuerdos; las cuales implican grados de reacción que debieran derivar en resultados y alcances concretos. La implementación es la puesta en práctica y operación del parlamento abierto como tal, al menos en lo que establece la Declaración, los diez principios de parlamento abierto y casi cien variables que determinamos las organizaciones que impulsamos el tema en México.
La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es única en el país que ha implementado en prácticamente todos sus procesos, el parlamento abierto. Hay dos congresos locales que realizaron planes de acción: Nuevo León y Sonora. Otros dos congresos han tenido acuerdos parlamentarios sobre parlamento abierto: Jalisco y Coahuila. Y finalmente, son ocho las instituciones legislativas que tienen iniciativas en la materia: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Guanajuato, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Por su lado, los veintidós congresos locales que no han presentado reacciones legislativas sobre parlamento abierto, son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Yucatán.
En México sigue sin quedarles claro que el parlamento abierto es una exigencia a parar con el abuso del poder.
Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016
En diciembre pasado dimos a conocer los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 que realizamos organizaciones de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (para consultar el documento completo, ver aquí). La situación en la región no es alentadora: se observa el 51 por ciento de transparencia legislativa.
En el caso de México, algunas observaciones fueron las siguientes:
Presentó un ligero avance, pues pasó del 39.6% al 54.10%; no obstante, el resultado continúa siendo reprobatorio en ambas cámaras. El incremento en transparencia se debió en parte a que se cuenta con una nueva y mejorada legislación en materia de transparencia, que generó un órgano garante con autonomía constitucional, así como la existencia de mayor información y difusión ciudadana.
En la Dimensión de Normatividad, México cuenta con una mayor publicidad del marco normativo interno, aunque se carece de una regulación sobre las oficinas de vinculación y atención ciudadana. La obligación de presentar los informes de gestión de los legisladores están parcialmente establecidos en norma, pues no hay una definición de ciclos específicos. Tampoco hay un marco normativo que estipule la obligación de detallar información de los legisladores en los sitios web, aunque sea una práctica la publicación de algunos datos, como los electorales.
La Dimensión sobre Labor del Congreso en México, observa agujeros negros. Como ejemplos: no están obligados a cumplir con documentar la memoria legislativa de las comisiones, a publicar información sobre asesorías externas, a contar con versiones estenográficas, asistencias y votaciones del sistema de comisiones. La nueva Ley Federal de Transparencia establece esta información como pública de oficio, es decir, los poderes legislativos están obligados a presentarla en sus sitios web, pero aún no cuentan con esta información. Otro sitio de opacidad se ubica en el registro de obsequios que reciben los legisladores, pues ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República transparentan dicha información.
En cuanto a la Dimensión de Presupuesto y Gestión Administrativa en México tiene la carencia de hacer visibles las convocatorias a concursar por plazas del Congreso. Tampoco se transparenta la información de asesores y staff parlamentario, lo cual impide conocer y por ende valorar, la profesionalización de la estructura de apoyo parlamentario en los distintos órganos: comisiones, comités, servicios parlamentarios, servicios administrativos, grupos parlamentarios y órganos de gobierno como mesa directiva y junta de coordinación política.
En cuanto a los resultados de la Dimensión de Mecanismos de Atención y Participación Ciudadana en México, hace falta que haya mayor difusión en la integración, perfiles y actividad de los legisladores, así como generar mecanismos de participación ciudadana, pues dicha variable muestra opacidad.
Los principales requerimientos del Congreso de la Unión en materia de transparencia en México, se encuentran en el funcionamiento, operación, gasto e información del sistema de comisiones, de los grupos parlamentarios, de los perfiles de la estructura legislativa.
Estas conclusiones se ratifican, casi como mantras, año con año, en los resultados de la revisiones de las cuentas públicas presentadas por la Auditoría Superior de Fiscalización y del sistema público de consulta de auditorías, que puede consultarse aquí .
Así se encuentra el estado del arte en promedio: con la negativa a la renuncia del abuso del poder en la representación legislativa en México.
Para bajar el texto completo, aquí:
Quién renuncia al abuso del poder, 6mzo17