Dentro de la agenda de investigación de Visión Legislativa se encuentran los congresos y gobiernos locales; participamos en el debate y discusión sobre la propuesta de constitución de la Ciudad de México, que remitió el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Marcera, a la Asamblea Constituyente, el pasadoo 15 de septiembre de 2016.
El periódico Excélsior entrevistó a María del Carmen Nava Polina, fundadora y directora de Visión Legislativa, sobre el contenido de la propuesta de constitución, en materia de seguridad social a economía informal y sobre imprecisiones de la afectación de la corrupción. La entrevista se centró en dos puntos:
- La prioridad de cualquier gobierno, debe ser la creación de condiciones económicas para el desarrollo individual de las personas. Y la propuesta de constitución da por sentado que no generará estas condiciones económicas, por lo que se centra en el otorgamiento de derechos de la economía informal.
- La corrupción es un anti valor público que afecta a todo lo que le rodea: población, niños, extranjeros, empresarios, no sólo a los ciudadanos, como lo establece el proyecto de constitución.
Aquí la entrevista completa.
Proyecto Constitucional con rumbo inconsistente
AUTOR: GEORGINA OLSON
CIUDAD DE MÉXICO.
Artículos que chocan con lo dispuesto en la Carta Magna, temas que deberían estar en leyes secundarias, enfoque en derechos de grupos minoritarios en lugar de derechos generales e incluso errores conceptuales graves, son algunas de las inconsistencias del proyecto de Constitución de la Ciudad de México.
Consultados por Excélsior, tres expertos constitucionalistas y politólogos sostienen que el documento que se discute en la Asamblea Constituyente tiene problemas de realización y de factibilidad.
Un ejemplo, destacan, se da en el Capítulo II, inciso C, donde se plantea el derecho del ciudadano a “aprobar mediante referéndum las reformas a esta Constitución”, pues de acuerdo con el abogado constitucionalista Elisur Arteaga Nava, esto es violatorio del artículo 135 de la Carta de Derechos federal.
El 135 sólo permite la intervención del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los estados (en las reformas a la Constitución), pero no permite que la ciudadanía participe en una consulta sobre la Constitución a través de un referéndum”, argumentó.
Sobre el planteamiento de otorgar el derecho al voto a partir de los 16 años, tanto Arteaga como el constitucionalista José Elías Romero Apis coincidieron que va en contra de lo establecido por la Constitución general.
El derecho de voto proviene de la figura de ciudadanía que se establece en la Carta Magna “y es que de acuerdo al artículo 34 (de la Constitución federal), sólo pueden votar los ciudadanos”, apuntó Romero Apis, por lo que para establecer el voto a los 16 años en la capital habría que reformar la Constitución General.
Al respecto, Arteaga Nava sostuvo que, de mantenerse esa redacción “con toda seguridad va a ser impugnada a través de una controversia constitucional”.
En otro tema, Romero Apis afirmó que fue un error incluir en el proyecto de Constitución local el tema de los vendedores ambulantes, a quienes se les reconoce su actividad e incluso se perfila otorgarles seguridad social.
Es muy delicado permitir el uso de la vía pública para ese objetivo, en todo caso la vía pública es un punto esencial para mantener el orden y el respeto”, apuntó el especialista.
Explicó que si se decidiera mantener la postura de reconocerle el derecho al trabajo a ese gremio esto sería materia de una ley reglamentaria, no de un documento fundacional. “La Constitución debe atenerse sólo a dos objetivos: garantizar los derechos esenciales y definir las potestades básicas de la autoridad”.
Por su parte, la directora de Visión Legislativa, María del Carmen Nava Polina, consideró que incluir el tema de los vendedores informales en la Constitución es “aceptar que no puedes con eso, que como autoridad no puedes controlar esa situación y de forma discursiva decir que vas a generar derechos”.
Señalan distinciones, errores, contrastes…
Para la politóloga lo relevante es crear una economía fuerte para que cada quien pueda ser productivo “y no que extiendas la mano y te den apoyos” como lo plantean para los ambulantes.
Y es que en la parte de los derechos de los trabajadores, en el apartado F se expone que “las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a: A) Desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley”.
También se establecen sus derechos “a condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas en los espacios públicos donde se les permita operar; contar con servicios de educación y cuidado para sus hijas e hijos en instalaciones cercanas a los lugares donde se les permita operar”, además de certeza jurídica, seguridad física y la no represión.
En la cuestión de los derechos, Nava Polina aseguró que el proyecto que se discute en Xicoténcatl tiene graves inconsistencias, entre las que destaca que se basa mucho en derechos de grupos minoritarios en vez de dar una protección general.
La experta también detectó errores básicos de derecho en el proyecto: “no se puede decir que las víctimas de la corrupción en la ciudad ‘son los ciudadanos’ porque ¿dónde quedan los menores de edad, los extranjeros, la población que fluctúa cada día y no es ‘ciudadana’, sino de otros estados?” cuestionó.
Sobre la operación del Poder Legislativo, en el artículo 35 del proyecto de Constitución, numeral 6, Arteaga Nava observó que establece que “las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso local”.
Ese elemento es para el constitucionalista una complicación innecesaria, pues si el proyecto establece que habrá 66 diputados, para que se apruebe una ley constitucional se requerirá el voto de 44 de ellos.
Eso significa que difícilmente va a poder aprobarse una reforma porque normalmente a una sesión de 66 diputados asisten 40, y para que se apruebe una reforma en estas condiciones se va a requerir que lo aprueben las dos terceras partes del número total, es decir 44. Eso va a crear un caos, no van a poder sesionar activamente, ni aprobar reformas”, argumentó.
Lo ideal, propuso, es que se establezca que para aprobarse las leyes constitucionales se requiere el voto de “dos terceras partes de los diputados presentes”.
Incluso el constitucionalista Arteaga Nava aseguró que quienes hicieron el proyecto no sabían de técnica legislativa “son ignorantes del derecho constitucional, no tienen técnica legislativa”.
Argumentó con otro ejemplo: “en el artículo 37, que se refiere al jefe de Gobierno, primero exponen que tiene facultades, y después dicen atribuciones, pero el jefe de Gobierno sólo tiene facultades, no tiene atribuciones; es necesario eliminar el término atribuciones”.
También señaló que otro error en la elaboración del proyecto de Constitución es que “se habla de Congreso de la Ciudad, pero enseguida se habla de Congreso local… van a crear una confusión entre la gente poco informada”.
Agregó que hay un principio de técnica legislativa que señala que siempre que se aluda a una institución, se debe usar el mismo término.
El abogado no pasó por alto que otra debilidad del texto se refiere al artículo 30, que pertenece al Capitulo II Democracia Directa, Participativa y Representativa, en específico el apartado B, fracción quinta, donde se se establece que: “la iniciativa ciudadana no procederá en materia penal o tributaria”.
Para Arteaga Nava esto representa la pérdida de una oportunidad histórica. “Es un criterio generalizado en el mundo occidental que la ciudadanía no tenga que ver en materia sobre todo tributaria, pero si a nosotros nos duele, a los ciudadanos en general, los impuestos, ¿por qué no tener facultad, derecho de iniciativa en esta materia? Si queremos ser avanzados debemos quitar esta limitante, establecer un derecho respecto de todo tipo de materias”, sostuvo.
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