¿Cuánto es mucho para establecer un sueldo público? En mandos medios y altos la percepción no es lo único que cuenta como ingreso. Se suma: asistentes, secretarios particulares, secretarias, auxiliares administrativos, choferes y personal de seguridad. El monto real de gasto público en torno a servidores públicos de cualquier orden de gobierno y poder del Estado van más allá del aguinaldo y el seguro de separación.
¿Y los resultados?
Un sueldo, en estricto sentido, debería asignarse de acuerdo a los resultados que produce. El artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los ejecutores del gasto serán responsables de la administración por resultados. Para lo cual, se conforma un sistema de evaluación del desempeño integrado por indicadores.
Diputados y senadores operan bajo los mismos criterios. ¿Cuáles pudieran ser los elementos que conformasen la evaluación de su desempeño? ¿Fiscalizan? ¿Cuál es su grado de influencia en la corrección y mejora de políticas públicas? ¿Comunican? ¿Transparentan? ¿Son especialistas en las comisiones ordinarias que integran?
Lo que más se acerca a ciertos indicadores por resultados en el legislativo, son los que ha trabajado el Senado con el Programa Operativo Anual. Sin embargo, se enfocan en las áreas administrativas, no en las sustantivas que son las que reflejan la calidad de la representación ciudadana en un congreso. En su caso los Diputados ni siquiera se acercan a reportar indicadores administrativos.
La triste conclusión es que en ninguno de los tres casos de servidores públicos: diputados, senadores y Ejecutivo, hay elementos concretos para relacionar el sueldo que perciben con los resultados que producen. Hay bosquejos en el caso del Poder Ejecutivo, pero el Legislativo en este ámbito, es un campo aún desértico.
En sueldos: hay niveles
Si bien las funciones de ejecutar y parlamentarias tienen peso y alcances distintos, ambos trabajan –en el mejor de los casos- para aportar un beneficio público. ¿Ganan lo mismo los funcionarios del Ejecutivo que del Legislativo? El Ejecutivo opera, instrumenta; los legisladores fiscalizan, investigan y evalúan al primero.
Para procurar un equilibrio de poderes, sería deseable que el staff parlamentario y del ejecutivo fueran igual de especializados y que hubiera un verdadero contrapeso en la revisión de las propuestas de ley, de evaluación del uso de recursos públicos y de discusión del paquete económico que año con año debe autorizar el Congreso.
Sin embargo, existen diferencias notables. De los nueve escalafones como servidores públicos (que van de jefe de departamento a Secretario), en siete casos los sueldos del Ejecutivo son mayores que los de diputados y senadores.
De acuerdo con los sueldos públicos ubicados en los Anexos 22 del presupuesto de egresos de la federación 2014, los servidores públicos del Ejecutivo ganan del 7 al 34 por ciento más que los funcionarios del Senado y del 9 al 36 por ciento más respecto a los funcionarios de Diputados.
Indicadores inexistentes
Al comparar entre cámaras, los sueldos del Senado son más altos que en Diputados del uno al 29 por ciento. ¿A qué nos llevan estas cifras? Con independencia de la valoración del monto de los sueldos, las diferencias en sí de los servidores públicos exponen tres preocupaciones:
1) El Legislativo no cuenta con un contrapeso técnico que compita con la capacidad del staff del Ejecutivo.
2) La posibilidad de monitorear, fiscalizar, evaluar, analizar las políticas públicas y acciones de gobierno por parte del Legislativo, por mayores facultades con las que legal y constitucionalmente cuente, está acotada por la calidad del staff especializado que tenga.
3) No existen indicadores de desempeño de las actividades legislativas que permitan valorar los alcances de las tareas que realizan.
Cabe agregar que en todos los casos y por ser recursos públicos, los perfiles profesionales y de experiencia de los servidores públicos de cualquiera de los tres poderes de la Unión, deberían ser de conocimiento público.
Ahora bien, existen 26 secretarías de Estado y 118 comisiones ordinarias (entre Diputados y Senado). Si bien se convierte en misión imposible monitorear el detalle de toda la actividad del Ejecutivo, las comisiones deberían elegir los programas puntuales y objetivos concretos a los que darán seguimiento y evaluación.
Eso sería deseable encontrarlo en el plan de trabajo de cada una de ellas que presenta al inicio de la legislatura. Visión Legislativa hará la revisión de dichos programas, para tener el escaneo de las prioridades que estableció el sistema de comisiones.
Un paso más
La reforma constitucional en materia de transparencia fue aprobada en la segunda etapa del proceso legislativo en el Congreso de la Unión, para pasar a valoración de los congresos locales. Aquí pueden consultar el texto del decreto. Estas disposiciones marcan un antes y un después en el mundo de transparencia pues establece como sujetos obligados a partidos políticos y sindicatos, dos elementos torales del sistema político mexicano.
El impulso de su aprobación se dio con gran fuerza desde la sociedad civil. Es un gran ejemplo de cómo la acción colectiva con un objetivo concreto, puede construir y aportar en conjunto con los legisladores, reformas que abonen a la rendición de cuentas. Es el principio de una agenda amplia que busca mejorar la transparencia, el fortalecimiento ciudadano y la democracia cotidiana.
Aquí el texto completo: