Ya está en funciones el Instituto Nacional de Elecciones; hay autonomía del órgano garante de transparencia y están por elegir a los comisionados que lo integrarán. ¿Cómo funcionaría México si la organización burocrática para contar los votos funcionara con un engranaje válido para los actores públicos? ¿Cómo imaginamos la evaluación de la gestión de las instituciones que integran el Estado si la información que deben dar por transparencia está garantizada y cumplen con ella?
Daríamos paso a lo verdaderamente importante: valorar los alcances de las políticas públicas que aplica el Ejecutivo, así como los resultados que arroje el Poder Legislativo. Rebasaríamos el punto de observar y pedir a legisladores, partidos y servidores públicos que cumplan con lo mínimo indispensable: la ley. Entonces pasaríamos a los debates de mayor trascendencia y de sopesar los resultados de la competencia política: ¿cómo gobiernan?
Más allá de estrenar disposiciones constitucionales y estar en negociación de la legislación secundaria y reglamentaria, la pregunta del millón es si será suficiente que las instituciones cuenten con legislación de avanzada mientras que la existente, de menores requerimientos, no se cumple.
Catorce órganos: sin cabeza
De acuerdo al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, participan en la política de transparencia: Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia que pertenece a la Mesa Directiva de la Cámara, existe un Órgano Rector que se conforma de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (que son los coordinadores de los grupos parlamentarios), y de tres consultores que son el Secretario General, el Contralor Interno, el Director General de Asuntos Jurídicos y el Titular de la Unidad. Adicionalmente, funciona el Consejo de Transparencia que se integra por tres consejeros con duración de cinco años.
El Reglamento establece catorce órganos encargados de generar información: Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, grupos parlamentarios, Conferencia, Diputados sin partido, comisiones, comités, Secretaría General, Secretarías de Servicios, Contraloría, Comunicación Social, el Congreso de Transparencia, el Órgano Garante y la Unidad de Transparencia. Cada órgano tendrá su encargado de proporcionarla y fungirá como vínculo con la Unidad. Siendo una obligación pública, ¿alguien conoce a los enlaces de cada uno? No existen referencias en las páginas web. Y ¿se hace algo al respecto? ¿Quiénes son y cuáles son sus resultados?
La transparencia va más allá de responder oficios, contar con una oficina o presentarse con un cargo. Implica una capacitación en el tema, proporcionar información, que ésta cuente con máxima publicidad y accesibilidad, reportar cada una de las actividades e informes que por normas internas deban generarse. Se resume en cosa simple: hacer la diferencia entre existir o no.
Consejo y grupos: ¿y sus cuentas?
¿Qué ha sido del trabajo del Consejo de Transparencia de la cámara baja nombrado a finales de la pasada LXI Legislatura (principios de 2012)? ¿A cuánto ascienden los recursos que han ejercido en la LXII Legislatura? ¿Cuáles han sido sus recomendaciones? Cabe agregar que en el apartado de Transparencia del sitio web de la cámara, ni siquiera reportan este Consejo que por las normas debería durar hasta 2017.
Más aún, de acuerdo al Reglamento mencionado, las fechas de corte de los informes semestrales de utilización de recursos que deben presentar los grupos parlamentarios son: septiembre a febrero y marzo a agosto. A la fecha deberían ser públicos tres informes de la LXII Legislatura (2012-2015); sin embargo, no hay ninguno en línea dentro del apartado correspondiente de transparencia.
Tanto los coordinadores de los grupos parlamentarios, el Órgano Rector y la Unidad de Transparencia incumplen con las medidas de transparencia internas por inexistencia de esta información. Podrá constatarse que el documento más reciente es de 2012. Aquí vínculo: http://cort.as/8UXx
Cabe agregar que en ningún caso señalado evaluamos si la información vertida en transparencia (en caso de que exista) es suficiente y cumple con los estándares básicos; sobre todo lo relacionado con el uso de los recursos presupuestales dentro de la cámara. No hemos pasado del piso cero de existencia de la información, al piso uno de control de calidad.
Comisión: sin conexión
Por otro lado, ¿qué cuentas puede entregar la comisión ordinaria de transparencia en San Lázaro? La Comisión de Transparencia y Anticorrupción ha recibido 80 asuntos para dictamen y opinión, de acuerdo con los datos que reportan en su micrositio, que tiene fecha de actualización del 27 de marzo 2014. El 55 por ciento de los asuntos han sido desechados, 38 por ciento están pendientes y únicamente el 7 por ciento está aprobado.
¿Es suficiente el reporte de dictaminación o por la naturaleza del tema de la comisión se esperaría que contara con una comunicación abierta con cualquier interesado? ¿Sería conveniente que impulsara una agenda de acciones (no sólo foros) de parlamento abierto?
Basta recordar que cincuenta y cinco de cada cien pesos del Poder Legislativo corresponden a la Cámara de Diputados y este monto equivale a más de dos veces el presupuesto en materia de Salud dentro del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. ¿Sería deseable que los diputados transparentaran el uso de sus recursos y las actividades que realizan? ¿O es más benéfica la impavidez pública?
Se ha referido en momentos anteriores que es indispensable el uso de redes sociales y tecnologías de la información, para difusión de las actividades legislativas. A un año seis meses, la mitad de la duración de la LXII Legislatura, tenemos que ni la comisión de transparencia ni su presidenta, Diputada Areli Madrid (PRI) utilizan esta herramienta de comunicación.
Más acciones, menos leyes
La reforma constitucional en materia de transparencia refiere que todos los sujetos obligados, incluidos el Legislativo y partidos políticos, “deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”. La ley general de estas disposiciones y demás reformas a leyes aplicables, deberán expedirse en un año, es decir, para el 7 de febrero de 2015 tendrán que publicarse.
Reelección legislativa y de presidentes municipales, iniciativa popular, candidaturas ciudadanas, consulta popular, autonomía del órgano garante de transparencia, legislación para uniformar la contabilidad pública, ¿serán suficientes para iniciar el ciclo de rendición de cuentas? ¿Podremos decir finalmente que lo conseguimos?
Si el Congreso de la Unión deja de lado su propia transparencia aún con la existencia de disposiciones concretas (que no suficientes ni exhaustivas), ¿cuál sería la razón real para que esto cambie con un órgano garante autónomo? Lo más deseable es que por lo menos veamos un cambio sustancial en el trabajo en la materia de la próxima LXIII Legislatura (2015-2018). Más aún al ser la legislatura inmersa en el periodo que testificará la contienda electoral presidencial.
Aquí el texto completo: