María del Carmen Nava Polina
@MaricarmenNava @VisionLegis
Ciudad de México, a 22 de enero de 2018.
Con la intención de contribuir al trabajo institucional en órganos garantes de transparencia y acceso a la información, en 2017 participé –sin haber sido electa- en el Senado de la República para la elección del Consejo Ciudadano del INAI (al lado de perfiles plurales). Se eligieron a diez personas, de los cuales dos ya terminaron el periodo para el que fueron designados en septiembre de 2017; y dos más terminarán en septiembre de 2018 (puede consultarse aquí el dictamen donde la Junta de Coordinación Política determinó los consejeros y sus plazos).
Bajo el mismo interés, y con la claridad de que han existido puntos controversiales en el proceso y su fundamentación, decidí participar en la convocatoria a elección de comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México que realiza la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En ese contexto, comparto segmentos de la presentación que realicé en la sesión de entrevista, con la propuesta de tres líneas de trabajo para el #InfoCdMx como parte del sistema local anticorrupción de la capital del país, y del Sistema Nacional de Transparencia. La relevancia de estos ejes es que (con independencia de la decisión final de los diputados locales) son temas que hemos impulsado y son preocupación de sociedad civil. El video de la entrevista completa la pueden ver aquí.
¿Qué entendemos por abuso del poder?
Cuando traemos a la memoria casos como #LaEstafaMaestra, las empresas fantasmas en Veracruz o la discrecionalidad del gasto en publicidad oficial, afirmamos que ni la transparencia, ni la rendición de cuentas, ni el acceso a la información pública, son negociables.
Con esa misma contundencia, tendríamos que garantizar el cumplimiento de transparencia por parte de todos los sujetos obligados –sin excepción- (122 en el caso local).
La Ciudad de México requiere de la permanente participación, supervisión y propuestas de un número cada vez mayor de ciudadanos, organizaciones, medios e instituciones, que exijan ejercer con legalidad, las facultades y obligaciones de servidores públicos.
Sabemos que es inminente incrementar la calidad del servicio público, garantizar el derecho humano del acceso a la información, no sólo desde la perspectiva de la apertura de los gobiernos, sino de la apertura del Estado en su totalidad.
Se habla de gobierno abierto, aunque haya una crisis en el país desde el año pasado, por rompimiento de sociedad civil al ser espiada por autoridades federales.
Se refiere al parlamento abierto cuando no hay espacios de diálogo –sea a nivel federal o local- en los que la horizontalidad de la representación se manifieste en acciones y productos concretos.
No hay espacios en las que se mantenga interlocución cotidiana. Hay que formarlos.
Tampoco la información de los sitios web legislativos son ejemplo de apertura. No son accesibles, no difunden en lenguaje ciudadano y el uso de información a través de datos abiertos, es prácticamente campo vacío.
Muestra de ello es que, en el caso de esta Asamblea, se observó el 49 por ciento de cumplimiento de elementos básicos de parlamento abierto, conforme al diagnóstico que realizamos las organizaciones impulsoras del tema.
Quiero ser clara en este apartado, y va más allá de las obligaciones legales de la materia que nos ocupa.
El servicio público no está para abusar del poder o para omitir la ley.
Cabe subrayar que el abuso del poder no sólo se relaciona con la corrupción. Va de la mano con la asignación de recursos públicos sin objetivos definidos; con la dispersión, con su desvío.
El abuso del poder camina con la toma de decisiones parciales, con la aplicación a cuenta gotas de la ley, con la valoración sesgada del cumplimiento del marco constitucional. También de la simulación y de la omisión.
No en vano, el desencanto por la democracia como forma de gobierno. Sólo cuatro de cada diez mexicanos apoyan la democracia conforme al último Latinobarómetro.
Es importante mencionar que de la lectura que hagamos de México, partirán las propuestas que tengamos y el papel que elijamos desempeñar en el engranaje del país.
¿Qué puede abonar a mejorar las instituciones?
Líneas ciudadanas.
Mi propuesta de trabajo para el #InfoCdMx se concentra en tres ejes: Estado abierto, Presupuesto abierto y transparencia accesible. Los tres tienen el objetivo de abonar al fortalecimiento ciudadano e institucional.
El Estado abierto va mucho más allá de lo que marca la Ley General de Transparencia en su artículo 59 sobre gobierno abierto. En el caso de la Ciudad de México, la apertura es un principio rector (establecido en el apartado dos del artículo 3 de la Constitución local).
Así como el parlamento abierto deberá regir al Congreso local (establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 29 constitucional). Ambas disposiciones son únicas en el país.
La Ciudad de México cuenta con el primer escalón para que la apertura del Estado sea obligatoria y, por ende, exigible. Es más, la Constitución refiere que la apertura debe contribuir a la solución de los problemas públicos (párrafo dos, apartado 1 del artículo 60 constitucional).
Es así, que la apertura debe ser un lenguaje común y práctica cotidiana para el Ejecutivo, para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para organismos autónomos, y cualquier autoridad pública en la Ciudad.
Por ello, se buscaría construir planes de acción con los sujetos obligados, para implementar la apertura, su difusión oportuna, con resultados definidos y etapas de realización calendarizadas.
El eje dos se refiere a Presupuesto abierto. Se construirá a partir de propuestas de lineamientos, fundamentados también en el texto de constitucional de la Ciudad, que refiere que en el ejercicio y asignación de los recursos públicos deben operar los principios de transparencia y rendición de cuentas –entre otros- (párrafo cuarto del apartado 1 del art. 60).
Para el uso ciudadano de la información, no es suficiente transparentar montos presupuestales, aislados de las actividades que sustentan.
Un ejemplo lo tenemos al hacer una clasificación genérica de la actividad legislativa. El presupuesto debería ser visibilizado en casi 70 conceptos, conforme a la función que desempeñan. En una revisión que realicé en 2014, la Asamblea Legislativa presentaba información en sólo cuatro de cada diez conceptos.
La finalidad de ubicar la ausencia de información, es justo para abonar a presentarla.
El eje tres del plan de trabajo, se refiere a transparencia accesible. Va enfocado a realizar propuestas de lineamientos base para que la información que presenten los sujetos obligados en sus sitios web, sea accesible, se presente en lenguaje ciudadano, con perspectiva de género y grupos vulnerables.
Estos tres ejes tendrían que realizarse en trabajo colegiado al interior del Instituto, y presentarse como propuestas en el Sistema Local de Transparencia, en el Sistema Nacional de Transparencia y como parte de los sistemas anticorrupción.
Dejamos pues esta agenda de trabajo, para que sea retomada y llevada a su práctica por el siguiente órgano garante de la Ciudad. Estas son sólo líneas genéricas que tendrán que estructurarse en proyectos concretos, factibles y con plazos de realización e implementación.
Secuencia de irregularidades
Merece hacer un recuento de lo que en el último mes ha ocurrido sobre el proceso de nombramientos del nuevo #InfoCdMx .
La primera convocatoria a postularse para el proceso de selección de comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, abría el registro por cuatro horas, se publicó la noche del jueves 21 de diciembre de 2017 y su vigencia caducaba al día siguiente, 22 de diciembre.
Aún más, la convocatoria era ilegal, pues no había observado la disposición de ser publicada en Gaceta Oficial y en tres diarios de mayor circulación (aquí detalles). Una crónica al respecto, en esta nota.
Por la exigencia de sociedad civil y ciudadana, se evitó el #MadrugueteNavideño . Una segunda Convocatoria fue publicada en la Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2017; el cierre de registro de aspirantes fue el pasado 12 de enero.
El sábado 13 de enero, la Asamblea Legislativa publicó una lista de 66 aspirantes. Tiempo después agregó un participante 67, que fue el controvertido Frausto Navarro. Para detalles, ver esta nota. Queda aún sin respuesta el que una vez cerrado el registro de 66 postulantes, ¿cuándo se habrá registrado el número 67, si la propia Asamblea no había incluido su nombre, horas antes?
Así, dieron inicio tres días de entrevistas, con una metodología sin considerar que sociedad civil participara, como lo señala la Ley General de Transparencia y la ley local; aquí lo refirió @Designaciones, programa que monitorea nombramientos legislativos realizado por Artículo 19 y Fundar.
No obstante, habilitaron un micrositio en el que colocaron los curriculums de aspirantes, los videos de entrevistas, la transmisión de las mismas fue en vivo y había una opción en la que cualquier interesado pudiera enviar preguntas http://infodf.org.mx/anticorrupcion/infodf/convocatoria.html
Hasta el momento, no han clarificado cómo incorporarán en la valoración de perfiles, la perspectiva de sociedad civil y especialistas, elemento muy importante para generar confiabilidad en los criterios de elección.
Armonización constitucional
Finalmente, hay un tema pendiente de la Asamblea Legislativa en torno a la armonización constitucional del marco legal de transparencia y rendición de cuentas, pues el artículo 49 de la Constitución de la Ciudad refiere que el #InfoCdMx debe integrarse por cinco comisionados, y la presidencia del debe elegirse por el pleno del mismo órgano garante.
En contraste, la Convocatoria del 28 de diciembre referida que expidió la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa, se fundamentó en la Ley de Transparencia local (sin haber sido reformada), la cual considera la integración del Instituto por siete comisionados y la presidencia sería designada por el pleno de los diputados locales de la Asamblea Legislativa.
Esta reforma debería haber sido realizada previa a las designaciones del sistema local anticorrupción, por las disposiciones del artículo décimo tercero transitorio de la Constitución de la Ciudad, que refiere a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales en la materia, cuyo límite para armonizar y legislar fue julio de 2017. Aquí se puede consultar el semáforo anticorrupción de IMCO.
Es una reforma que deberá estar dentro de la agenda de la vigente Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Este, junto con el resto de temas a legislar y reglamentar, es material del cual deberán estar pendientes los defensores de la Constitución de la Ciudad.
Aquí texto completo: