La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desarrolla un proyecto de investigación aplicada para identificar cómo la cultura contribuye al desarrollo a nivel nacional. En contraste, México no tiene legislación en materia de cultura, la ley que crea el INBA es de 1950 y se presentó una iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura en la administración panista de Vicente Fox que quedó pendiente de aprobación por el Congreso de la Unión.
La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales se considera como el primer instrumento normativo que coloca a la cultura y el desarrollo en su centro; México ratificó dicha Convención en 2007. Más aún, en 2010 la Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio reconoció el papel fundamental de la cultura en los procesos de desarrollo y la Asamblea General adoptó una resolución específica sobre Cultura y Desarrollo.
La actual coyuntura presenta una oportunidad para impulsar una ley general sobre cultura, evaluar los resultados de los programas financiados con recursos federales y medir si el uso de estos impulsaron o no la actividad económica de las localidades donde se desarrollaron. Los tres partidos políticos más grandes (PRI, PAN y PRD) hicieron 36 promesas electorales en materia de cultura y el Pacto por México incluye 5 compromisos concretos.
Más aún: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el objetivo 3.3, busca ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. Una de las estrategias señala “Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas.”
En México aún no existe una política pública en cultura en los tres niveles de gobierno que mejore las condiciones de vida de la población. Es tiempo de llevarlo a cabo.
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