María del Carmen Nava Polina
@MaricarmenNava @VisionLegis
Ciudad de México, 17 de septiembre 2018.
Se instaló la LXIV Legislatura (2018-2021) del Congreso de la Unión y los reflectores voltearon (¡¡¡por fin!!!) a ver cómo se integran y reagrupan las bancadas así como sus órganos de gobierno y –en breve- las comisiones. Con los nuevos legisladores y después de veinte años de tener gobiernos divididos, regresó la mayoría absoluta de un mismo partido político a la Cámara de Diputados, pero ¿terminarán los usos y costumbres de abrir comisiones ad hoc, de no ejercer la totalidad de sus facultades y de informar parcialmente? Uno de los costos de tener legislaturas inactivas, es el incremento de la corrupción. Veamos por qué.
¿Qué hacen las comisiones?
Tenemos nuevas legislaturas locales y federal, hay cambio de fuerzas en el partido político predominante, pero parece que continúan las ineficientes inercias legislativas, como proponer la creación de comisiones especiales, sin mayores resultados que ejercer recursos y generar expectativas públicas de asuntos que nunca resolverán. Para muestra, basta tener presente que sólo el 19% de las comisiones especiales de San Lázaro de la pasada legislatura presentaron informe final, conforme a los datos del Reporte Legislativo 8 de Integralia.
El crear comisiones especiales sin generar resultados es ya un costo, pero éste se incrementa al no ejercer las facultades completas por parte de las comisiones ordinarias. Tomemos como ejemplo los presuntos desvíos de recursos de Rosario Robles, Secretaria de Estado de la administración que termina el Partido Revolucionario Institucional. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, declaró hace unos días, que se abriría una comisión especial en el tema, sin siquiera poner el foco en que las comisiones ordinarias relacionadas temáticamente con estos desvíos, podían realizar las acciones de control político y rendición de cuentas que se requieren.
Es justo aquí donde merece repasar qué es lo que hacen las comisiones. Aparte de dictaminar las reformas, leyes y propuestas que se reciban en la Cámara de Diputados, las comisiones ordinarias deben presentar evaluaciones sobre uso del presupuesto federal, e incluso estas evaluaciones pueden considerarse en la revisión de la cuenta pública. Es una obligación establecida en la Ley Orgánica del Congreso.
Hagamos un alto en el camino para preguntar (nos) por qué las comisiones de Desarrollo Social, de Gobernación, de Turismo o la misma del Presupuesto de Egresos, no emitieron durante años los informes a los que están obligados por ley ni realizaron comentario alguno sobre estas irregularidades detectadas y presentadas por la Auditoría Superior de Fiscalización. Las investigaciones de medios de comunicación y sociedad civil han rebasado los tristes alcances de las comisiones legislativas.
Es un hecho que las comisiones del Congreso no hacen su trabajo de contrapeso político, de supervisión y no han combatido la corrupción, teniendo facultades para ello. En el ejercicio de estas obligaciones está la transformación real del Legislativo (más allá de sus cambios legales y reglamentarios).
Grupos temáticos
Las comisiones ordinarias pueden funcionar a través de subcomisiones o grupos de trabajo. Tienen entre sus facultades el dictaminar, opinar, resolver, evaluar, requerir información e investigar. Tienen el potencial de ser agentes de combate a la corrupción. Los legisladores mexicanos no han tomado este papel y digamos que ya pasaron (ni más ni menos) 218 años.
De tal forma que el Coordinador de senadores de Morena, tendría que declarar sobre el grupo de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social que investigará el caso de desvío de recursos de Rosario Robles, y no sobre una comisión especial. Ahí estaría el verdadero cambio.
No perdamos de vista ni aceptemos distracciones sobre el problema principal del combate a la corrupción y el ejercicio completo de las facultades legislativas. De nosotros depende en no caer en la superficial difusión del #TuppersChallenge, que lo único que hace es ilustrar la equívoca idea de reducir gastos como solución a la desconfianza en el Congreso, en vez de enfocarse a generar un conjunto de medidas permanentes para fortalecer la comprobación del uso presupuestal en todas las áreas legislativas.
Ante los evidentes y tristemente célebres abusos de desvíos, desaparición y mal uso de recursos, es momento de conocer a detalle las obligaciones legales y constitucionales del Congreso, para exigir su cumplimiento.
Desvíos como los realizados por SEDESOL, la #EstafaMaestra, las #EmpresasFantasmas, #Odebrecht, deben ser captados y detenidos desde el Congreso de la Unión, a menos que los legisladores integrantes de las comisiones ordinarias que no han cumplido con sus facultades, estén también involucrados en la corrupción y desvíos, por el simple hecho de hacerse de la vista gorda. Habrá que mantener esas líneas abiertas, mientras los legisladores no demuestren lo contrario.
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