María del Carmen Nava Polina
México, D.F. a 14 de abril 2015.
La vida cambia en un santiamén… para algunos…
La frecuencia de radio era la misma, pero no la información ni la conducción del programa matutino de noticias. Desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y no hay responsables.
Había 37 comisiones especiales en la Cámara de Diputados y se redujeron sin pedir cuentas ni resultados de su trabajo. Hay sospecha de propiedad de casas de políticos que muestran conflicto de interés, y los legisladores que tienen facultad para investigar no la ejercen; ni qué decir de la Secretaría de la Función Pública. Por si algún lector distraído quiere informarse sobre lo que sí pueden hacer las comisiones legislativas, aquí algunos detalles.
La lista de ejemplos sigue.
Existía la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), cuyo objetivo era ejercer el derecho a la verdad, asignar responsables del movimiento estudiantil de 1968 y de los movimientos de la década de los setentas. No sólo dejó de existir la Fiscalía, los expedientes no se conocen y no hay consecuencias. El Senado incluso, a finales de 2014, requirió a la PGR, informe sobre el estado de los expedientes.
Contar los días, al estilo de German Dehesa, en los que la inacción pública transcurre, nos darían tantos calendarios como personas, y aún no acierto a visualizar cómo podríamos presentar esta información en un listado claro y crudo, para mover al cambio (a un mejor estado de cosas, he de agregar).
Tiempo sin movimiento
Una muy querida amiga, doctora y reconocida terapeuta, me refirió alguna vez: “hay que darle movimiento al tiempo”. En ocasiones el tiempo cronológico avanza, pero las situaciones-percepciones- que viven las personas, son las mismas. Justo es lo que ilustra el hecho de transparentar – rendir cuentas (o su omisión) en las cámaras del Poder Legislativo.
Desde 2003 el Poder Legislativo en México es sujeto obligado por la ley de transparencia. Sus logros hablan por sí mismos:
- Ocupa el 6° lugar en transparencia legislativa en América Latina con el 37%, de acuerdo al Índice de Transparencia Legislativa 2014 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa.
- Observa el 37.5% de principios básicos de parlamento abierto, de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2014, de organizaciones impulsoras del tema.
- En ocho de los diez principios las 34 instituciones legislativas en México observaron debajo del 58 por ciento de los elementos de parlamento abierto, de acuerdo con el mismo Diagnóstico.
- En calidad de la información proporcionada por transparencia, el Senado de la República ha llegado a obtener uno de calificación en revisión de contratos.
- En ocho de cada diez legislaturas en México, las páginas web no publican las convocatorias a sesiones de comisiones. El sistema de comisiones es el órgano especializado para valorar los temas que el pleno discutirá y votará. Este sistema debería de ser el sistema nervioso del Poder Legislativo y como vemos, esta actividad se desconoce en un 80%, de acuerdo al Diagnóstico de @ParlAbiertoMx
- En transparencia del Presupuesto y Gestión Administrativa el Poder Legislativo obtuvo 21% de calificación, de acuerdo a la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa.
Diputados locales, diputados federales y senadores, han dado estos resultados verdaderamente penosos e inadmisibles, luego de casi doce años de ser sujetos obligados de transparencia.
¿Y si pedimos legisladores transitorios?
Merece recordar que los legisladores al menos tienen nueve facultades genéricas:
Legislar
Fiscalizar
Investigar
Presupuestal
Jurisdiccional
Gestionar
Evaluar ejercicio de gobierno
Nombrar y designar
Diplomacia parlamentaria
¿Cuántas de ellas se evalúan? ¿Cuántas se conocen? ¿Por cuántas de ellas se pide a los legisladores que entreguen cuentas? Sería magnífico hacer una introspección en los medios de comunicación y analistas. ¿Conocen todo lo que los diputados pueden y deben hacer?
Con estas calificaciones del legislativo, aún tienen la entereza de buscar la aprobación de un artículo transitorio para organizarse administrativamente. Al parecer once años no han sido suficientes y requieren unos meses más.
La transparencia empieza cuando yo digo, a eso se resume el artículo décimo tercero transitorio que el Senado de la República aprobó el pasado 18 de marzo de la Ley General de Transparencia. A la letra dice:
“Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas en las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto del 2015, un programa de reorganización administrativa que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios; las obligaciones de las Cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto sujetos obligados respecto a los recursos que a través de éstos se asignan a los legisladores; el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos, en dinero o en especie, que reciban los legisladores para realizar la función legislativa y de gestión; el régimen laboral del personal adscrito a los grupos parlamentarios, las comisiones y los legisladores, así como las reglas relativas al uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales, incluidas las relativas a las modalidades de acceso. Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las Cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa.”
Si la Cámara de Diputados aprueba esta disposición contemplada en la Minuta del Senado, habrá que aplaudir y reconocer su tenacidad por aprobar medidas opaces que contrastan con la intención de contar con una medianamente decorosa Ley General de Transparencia.
¿Por qué nos asusta ver que el Partido Verde ha podido –por años- vivir públicamente del abuso y gracia del voto electoral que reciben? Si hay una perfecta complicidad de los excesos de un Poder Legislativo opaco.
El secuestro de las decisiones legislativas no sólo se manifiesta en la ausencia de una composición plural partidista, sino en desconocer en qué se gastan los recursos los órganos de gobierno, las comisiones, los grupos parlamentarios, los centros de estudio que han luchado por ser estructura profesional y que han ocasiones han sido cotos de partidos.
Esta fábula de transparencia ¿tendrá enseñanza?
@MaricarmenNava
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