En el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto, realizado del 17 al 19 de noviembre en San José, Costa Rica, organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la transparencia legislativa, el parlamento abierto y el monitoreo legislativo, presentamos el siguiente documento.
OGP: Propuestas de la Sociedad Civil
Los miembros de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, y capítulos de la red de Transparency International de América Latina, así como las organizaciones y personas abajo firmantes, reconocemos la importancia de la iniciativa de OGP como un espacio que facilita el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil.
Sin embargo, vemos con preocupación que este diálogo no se haya traducido en avances significativos y concretos para empezar a convertir el ideal de gobierno abierto en una realidad.
Consideramos que a tres años de iniciada esta iniciativa es un momento decisivo para introducir cambios.
Comprendemos que los estándares de ingreso sean amplios para permitir la participación de la mayor cantidad posible de países. Ahora bien, creemos que las calificaciones de elegibilidad requieren ser revisadas y debe llevarse a cabo una estricta evaluación cuyos resultados se apeguen a la realidad. Esto incluye analizar los contenidos de los índices que se están utilizando y la verificación de los datos con la sociedad civil local. Asimismo, los criterios de permanencia en OGP deben ser más rigurosos y la evaluación tiene que hacerse a la luz de los principios de no regresión y progresividad, y los países que no los respeten deben ser sancionados, llegando eventualmente a la expulsión.
Creemos que debe hacerse explícito que el objetivo de OGP es acercar los gobiernos a las personas, poniendo énfasis en garantizar un real respeto de los derechos fundamentales y niveles cada vez más altos de calidad de vida.
Por esto, estamos convencidos que un primer requisito ineludible es contar con normas jurídicas que garanticen un real y efectivo acceso a la información pública, adecuadas a los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Del mismo modo, se observa una gran desigualdad entre el rol del gobierno y el de la sociedad civil en la convocatoria y elaboración de los planes de acción y en su implementación. Es importante, en consecuencia, una acción más eficiente del Support Unit y del Steering Committee para contribuir a garantizar la co-creación de los planes de acción, así como una participación paritaria Estado-Sociedad Civil durante todo el proceso de implementación, lo cual requiere apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil en los países miembros de OGP.
Creemos, que la consideración y atención de estos temas servirán para incentivar el diálogo entre las instancias de dirección y las bases del movimiento por un Gobierno Abierto.
ORGANIZACIONES:
Artículo 19 – Brasil
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) – Argentina
Asociación Nacional de la Prensa (ANP) – Bolivia
Asociación por una Sociedad más Justa – Honduras
Acción Ciudadana (AC) – Guatemala
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) – El Salvador
Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO) – Uruguay
Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO – Paraguay
Chile Transparente
Ciudadano Inteligente – Chile
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) – Honduras
Consejo Nacional de Periodismo (CNP) – Panamá
Consejo de la Prensa Peruana – Perú
Costa Rica Integra – Costa Rica
Directorio Legislativo – Argentina
Espacio Público – Venezuela
Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador
Fundación Construir – Bolivia
Fundación Democracia sin Fronteras (FDSF) – Honduras
Fundación para la Libertad Ciudadana – Panamá
Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – Colombia
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –
El Salvador
Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) – Nicaragua
Fundamedios – Ecuador
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación – México
Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) – Paraguay
Instituto de Prensa y Libertad De Expresión (IPLEX) – Costa Rica
Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) – Perú
Observatorio Legislativo – Ecuador
Participación Ciudadana (PC) – República Dominicana
Poder Ciudadano – Argentina
Pro Acceso – Chile
Pro Etica – Perú
Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa
Semillas para la Democracia – Paraguay
Transparencia Por Colombia
Transparencia Venezuela
Visión Legislativa – México
A TITULO PERSONAL:
Karina Banfi