El sentido del trabajo académico es colaborar con el conocimiento, entendimiento, análisis y debate en cualquier área. El tema de la democracia es uno de ellos, a nivel mundial está en construcción una gran base de datos que contendrá las características de la democracia de cada país y a través de la historia. ¿Cómo podría contribuir su desarrollo a México?

Once temas

Más de 300 indicadores se evalúan en un proyecto denominado Variedades de Democracia que realiza la Universidad de Gothemburg, Suecia y la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. El objetivo es cubrir todos los países del mundo, los datos son bienes públicos, accesibles y pueden ser consultados por cualquier interesado. El sitio V-Dem puede consultarse aquí.

Los aspectos de la democracia agrupados en siete principios democracia electoral, liberal, participativa, mayoritaria, deliberativa, igualitaria o de consenso, son valorados por más de tres mil expertos y contendrán información histórica desde 1900. México está por supuesto inserto. Aquí se explica qué es V-Dem por Michael Coppedge, investigador principal, profesor del Kellogg Institute.

Se consideran once temas: Elecciones, Partidos políticos y sistema electoral, Ejecutivo, Legislativo, Deliberación, Judicatura, Libertades Civiles, Soberanía, Sociedad civil, Libertad de los medios e Igualdad política. Será muy interesante comparar el desarrollo democrático de México con el resto del mundo. Al final lo que se busca es tener perspectiva internacional para construir metas, tomar decisiones o elaborar propuestas específicas de acuerdo a lo que el país requiere.

Reglamento de transparencia Senado

En febrero pasado un grupo de senadores presentó una iniciativa de reforma al Reglamento de Transparencia del Senado (el texto puede consultarse aquí). Los firmantes Arely Gómez González (PRI), Javier Corral Jurado (PAN), Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (PRD), Zoe Robledo Aburto (PRD) y Pablo Escudero Hernández (PVEM) se anticiparon a las adecuaciones legales que deben hacerse derivadas de la reforma constitucional en materia de transparencia.

El organismo garante a nivel nacional (IFAI hasta ahora) es la figura encargada del cumplimiento de los preceptos constitucionales, el Senado es sujeto obligado de transparencia y habrá de operar bajo los lineamientos que establezca la ley. Cabe señalar que la ley general en la materia y las reformas a las leyes federales y generales relacionadas deberán emitirse en un plazo no mayor a un año después de la publicación de la reforma constitucional, es decir, antes del 7 de febrero de 2015. Esto implica que el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la presente LXII Legislatura (2012-2015) deberá contener en su agenda legislativa, la emisión de la legislación en transparencia.

Este precedente es importante considerar al momento de hablar sobre la dictaminación de la iniciativa que presentaron sobre el reglamento de transparencia del Senado, pues sería infructuoso aprobar reformas antes de que se emita la ley que incluirá los preceptos que deba observar no sólo el Senado sino todos los sujetos obligados.

No obstante, merece la pena subrayar un elemento que no podrían subsistir cuando se modificara el reglamento de transparencia de la cámara alta. Es sobre la integración del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado (COGATI), exclusivamente por senadores, debido a que la presencia de especialistas ajenos a la integración del órgano legislativo es indispensable para procurar la profesionalización y continuidad del acceso a la información.

Aunque sabemos que el establecer una figura con especialistas externos al órgano sujeto de transparencia no es garantía, amerita atender el detalle en el diseño institucional, pues es parte de la conformación de legitimidad de la institución y de proporcionar mayor protección al derecho humano del acceso a la información.

Tenemos la evidencia de que el Consejo de Transparencia de la Cámara de Diputados que eligió el pleno no ha trabajado en este periodo de tiempo (ver aquí referencia), pero cuando menos los legisladores tienen la obligación de dar respuestas ante el cuestionamiento público. Si bien el Senado en este aspecto ha sido más activo, al momento de aprobar su nuevo reglamento de transparencia, habrá de considerar integrar a especialistas externos.

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