La Unión Europea en 1999 emitió el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información. Desde entonces se reconocía que “las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando rápidamente la forma de trabajar de los organismos del sector público, lo que hace que un debate oportuno sobre la información del sector público sea de la mayor importancia”.
En sintonía con esta ola internacional, uno de los legados de la administración panista fue la transparencia. Cierra su gestión con la recién aprobada iniciativa preferente presidencial con una sección completa de transparencia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Qué repercusiones tendrá para los ciudadanos, municipios y entidades federativas?
Diez años de transparencia
En junio pasado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cumplió su primera década. Tras siete años de vigencia, la transparencia saltó a la contabilidad gubernamental. En 2009 se expidió la Ley General de Contabilidad Gubernamental como parte de las mejoras en el sistema de rendición de cuentas a nivel federal.
Su aprobación se derivó de una iniciativa plural votada en ambas cámaras por unanimidad; tiene el objeto de facilitar el registro y fiscalización de ingresos, gastos, deuda pública, obligaciones y patrimonio del Estado en los tres niveles de gobierno: municipio, entidades federativas y Federación.
Esta Ley obliga a los siguientes entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
Avances
La alianza para el gobierno abierto a nivel internacional ha generado líneas de acción definidos y compromisos específicos en el caso de México. Uno de ellos es la transparencia presupuestal. Las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental representan un logro que suma al cumplimiento de acciones para impulsar el gobierno abierto en el país.
Se facilita la publicidad y difusión ciudadana de la información, pues los entes públicos deberán elaborar y difundir en sus respectivas páginas de internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatos accesibles, el contenido de la información financiera.
Alejandra Ríos y Jorge Javier Romero del CIDE señalan en el libro Hacia una política de rendición de cuentas en México que una de los problemas de la estructura institucional que impide una mejor rendición de cuentas es que “las reformas institucionales de los últimos veinte años a nivel nacional y estatal no están articuladas entre sí”.
En este sentido, las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental favorecen la articulación y homogenización de la información presupuestal, financiera, deuda y patrimonio en los tres niveles de gobierno. Por ende, abonan a la rendición de cuentas.
Difusión, desglose y transparencia
Son tres los elementos indispensables de la reforma a la Ley de Contabilidad Gubernamental: 1) difusión pública, 2) desglose de recursos y 3) transparencia en la obtención, uso de recursos y deuda.
La reforma establece la obligación de generar y difundir por internet la información financiera de los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y las entidades federativas sobre el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, especificando cada uno de los destinos.
La Auditoría Superior de la Federación también deberá difundir la información de su programa anual de auditorías respecto del gasto público federal transferido.
Adicionalmente, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten. Deberá incluir en su página de internet la información que sea remitida por las entidades federativas, particularmente respecto a plazas docentes, permisos, licencias, jubilaciones, remuneraciones.
Para el caso de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal se establece que deberán señalar las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de cada una.
También deberán incluir los recursos federales que se estime sean transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales, y las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos.
Tienen un semestre
Los entes públicos obligados por la Ley de Contabilidad Gubernamental cuentan con 180 días naturales para adaptar las nuevas reformas de transparencia en contabilidad gubernamental a sus leyes, reglamentos y disposiciones relativas, lo cual implica que para mayo de 2013 todos deberán estar legalmente en vigencia. Las cámaras de Diputados y Senadores no deberán ser la excepción.
La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados tendrá 6 meses para enviar un diagnóstico que señale las áreas de opacidad en la ejecución del gasto federalizado y una propuesta de modificación al marco jurídico para transparentar aún más el ejercicio de dicho gasto y mejorar los resultados del mismo.
Ello coincidirá con el periodo de receso del Congreso de la Unión (que va de mayo a agosto de cada año), por lo que habremos de esperar que la discusión de las reformas que sugiera la Auditoría Superior cumplan con su proceso legislativo de presentación de iniciativas, discusión y posterior aprobación.