El sistema legal mexicano es sui géneris: existe una Ley de Firma Electrónica Avanzada pero no contamos con una ley de cultura. Se utilizan recursos públicos federales para programas de cultura a nivel nacional, estatal, municipal y no gubernamentales, equivalentes al gasto programable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a tres veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero no existe una ley que enmarque la actividad cultural ni señale los criterios de distribución de recursos.
El Presupuesto de Egresos de 2013 (PEF 2013) incluye recursos para realizar acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos; entre los que se encuentra el Impulso al Desarrollo de la Cultura que maneja la SEP por siete mil trescientos cincuenta y ocho millones de pesos; o el presupuesto público para los institutos estatales de cultura por un total de un mil veinticinco millones de pesos.
También existe presupuesto para proyectos de desarrollo regional como los que se realizan en Aguascalientes, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Los Anexos 35.3 y 35.4 del PEF 2013 señalan las ampliaciones a Cultura dentro de la Secretaría de Educación Pública por cuatro mil cincuenta y siete millones de pesos, dentro de los cuales se encuentran proyectos estatales, municipales y no gubernamentales.