Hay un síndrome colectivo de insaciabilidad de reformas de ley. Se exigen y realizan modificaciones constitucionales y legales sin que haya quien evalúe su cumplimiento, aplicación, regulación y sanción.
Mientras haya una simulación de catarsis pública al realizar foros y consultas como la que ahora se lleva a cabo del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin dar seguimiento a su cumplimiento en los próximos cinco años, sólo presenciaremos un conjunto de buenas intenciones y uso de recursos públicos para publicitar la consulta nacional. Después de dos alternancias de gobierno, ¿es esto lo que requiere el país o amerita tener gobiernos evaluados y de datos abiertos?
El PND más allá de que pueda ser un conjunto de buenos deseos, tiene un sustento legal de aplicación, evaluación y seguimiento. La propia Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal construirá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño, el cual medirá los avances que las dependencias tengan. Alguno de ustedes ha escuchado ¿cuál es la calificación del trabajo del gobierno? Es una pena, pero aún no existe. Es una aspiración encontrar una calificación del gobierno de acuerdo a las áreas de la sociedad que debe mejorar.
Propuestas de transparencia para PND
La transparencia es una herramienta en dos vías: gobernante-ciudadano. La autoridad o servidor público tiene la responsabilidad legal de informar, de ser transparente, accesible y entendible. La ciudadanía debe evaluar continuamente al gobierno municipal, estatal y federal. En esta dinámica, las propuestas concretas de Visión Legislativa para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), son tres.
1) El gobierno federal debe impulsar y concluir una digitalización de la información gubernamental, para que los documentos que generen estén en formato electrónico, digitalizado, catalogado, clasificado y en bases de datos que permitan realizar búsquedas. Con ello el contenido que sea solicitado vía transparencia, deberá entregarse en formato electrónico y gratuitamente. Más aún, cualquier persona que deseara observar, analizar las acciones del gobierno, podría consultar su actividad fácilmente por open data.
La Unión Europea en 1999 emitió el Libro Verde sobre la Información del Sector Público en la Sociedad de la Información. Desde entonces se reconocía que “las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones están cambiando rápidamente la forma de trabajar de los organismos del sector público, lo que hace que un debate oportuno sobre la información del sector público sea de la mayor importancia”.
Ya es momento de realizar la implementación de datos abiertos en la administración pública por lo menos a partir del actual gobierno, lo que no implica generar más costos de aplicación ni burocracia. Se cuenta con la estructura y experiencia de más de diez años en la clasificación y ordenamiento de información derivado de la Ley Federal de Transparencia y Acceso de Información. Incluso la Ley Federal de Archivos expedida en enero de 2012 establece que se debe “favorecer la utilización de tecnologías de la información para mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados”.
2) Difundir y terminar la implementación de un sistema de indicadores que liguen el desempeño del presupuesto público por resultados. De tal forma que al final del sexenio, especialistas, organizaciones, medios de comunicación, académicos y ciudadanos interesados, cuenten con elementos de evaluación del trabajo del gobierno a nivel federal.
La alianza para el gobierno abierto a nivel internacional ha generado líneas de acción definidos y compromisos específicos en el caso de México. Uno de ellos es la transparencia presupuestal.
3) Instrumentar reformas legales para establecer la obligatoriedad en la comprobación del uso de recursos de programas federalizados. En caso de que no se cumpla con la comprobación, que exista penalización a los servidores públicos responsables.
Teóricamente la oposición política debería rendir frutos por la competencia originada por la preferencia ciudadana. Los incentivos de la oposición a ser más profesionales, vigilantes, especialistas y fiscalizadores, debería ser muy alta debido a la alternancia del Ejecutivo Federal. Veremos si realmente los legisladores cumplen con su trabajo de evaluar anualmente los alcances y resultados del PND.
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