Caso del Congreso de Baja California Sur en #CongresosVirtuales
Ciudad de México, 8 de julio de 2020.
En Visión Legislativa, desde finales de abril, publicamos el primer reporte de #CongresosVirtuales, en el que hemos dado seguimiento permanente sobre la actividad de los congresos locales durante la pandemia de COVID-19. Además de visibilizar la legalidad del proceso legislativo en las sesiones virtuales, documentamos las decisiones de los congresos locales que comprometen al Estado democrático constitucional.
Desde Visión Legislativa observamos la actividad en el Congreso de BCS, encontramos que fue de los primeros en reformar su ley orgánica para tener sesiones virtuales. En el proceso, se generó un conflicto entre dos bloques parlamentarios -uno conformado por doce legisladores de MORENA y PT, y el otro por ocho legisladores del PAN, PRI, PRD y PES- por el control de la Mesa Directiva, el cual se agravó con la destitución de estos ocho diputados y diputadas sin una justificación constitucional ni legal.
Hacemos un llamado al Congreso de Baja California Sur a actuar conforme a las disposiciones de la Constitución local y de su marco normativo interno. El uso de las mayorías parlamentarias debe responder a los principios constitucionales de división de poderes y derechos humanos, pues de lo contrario se vulneran la representación de los órganos legislativos electos y los derechos político-electorales.
Los hallazgos
- A finales de marzo, luego de que el bloque mayoritario de MORENA y PT removiera a la presidenta de la Mesa Directiva, el otro bloque de ocho diputados y diputadas no reconoció la legalidad de la remoción ni de la sesión en la que se llevó a cabo. Por lo tanto, ambas diputadas de cada bloque afirmaron al mismo tiempo ser la persona titular de la Mesa Directiva
- Un grupo legisladores del Grupo Parlamentario de Morena y PT pretendió destituir a otro grupo de ocho diputados y diputadas de los partidos PAN, PRI, PRD y PES.
- Carlos Mendoza Davis, titular del Ejecutivo de Baja California Sur, se negó a publicar los decretos provenientes del Congreso local, dada la situación política. El Gobernador panista presentó una controversia constitucional para invalidar algunas sesiones del Poder Legislativo de la entidad.
- Dado que aún no se resuelven las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos en presencia de un impasse sobre la validez de las reformas aprobadas por el Congreso local, incluida la que reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo de BCS que incorpora el trabajo virtual. Las votaciones, la representación legislativa y alcances de las decisiones tomadas durante esta etapa de contrapunteos entre grupos y bancadas, tendrían que quedar en paréntesis en tanto se declare la validez, legalidad parlamentaria y constitucional de los procesos de reformas que se dieron.
Cronología
Desde marzo de este año, el Congreso de Baja California Sur se vio envuelto en una crisis política de gobernabilidad parlamentaria en la que las fracciones del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT) buscaron destituir a ocho diputados de distintos partidos, esto por faltas injustificadas a las sesiones del Pleno.
Para tener contexto de la situación, recordemos que la XV Legislatura se instaló el 1 de septiembre de 2018 y termina en 2021. Esta legislatura está dividida, es decir, ningún partido por sí sólo cuenta con la mayoría absoluta:
En marzo, el Grupo Parlamentario de MORENA estaba conformado por doce legisladores, los cuales junto con el único legislador del PT sumaron 13 votos. De esta manera, lograban una mayoría absoluta necesaria para aprobar leyes[1] y puntos de acuerdo. Para junio, el portal oficial reporta que 4 legisladores de MORENA se quedaron fuera del grupo parlamentario y sin partido dentro del Congreso.
Los Hechos
El 17 de marzo de 2020, la Diputada presidenta de la Mesa Directiva Daniela Viviana Rubio Avilés (Partido Humanista) decidió suspender las actividades legislativas del Congreso local hasta nuevo aviso, esta decisión fue derivada de la pandemia de COVID-19.[2]
Inconformes con la suspensión de las actividades del Congreso local, los doce diputados del MORENA y el único legislador del PT decidieron seguir sesionando de forma ordinaria y presencial los días 19 y 24 de marzo. Para este momento, dicho bloque de legisladores nombró a la Diputada Ma. Mercedes Maciel Ortiz como la nueva presidenta de la Mesa Directiva.
Luego, el 26 de marzo, el grupo mayoritario de los trece diputados con la nueva Mesa Directiva celebró una sesión en la que suspendieron del cargo a ocho diputadas y diputados: Daniela Viviana Rubio Avilés (presidenta de la Mesa Directiva para el segundo periodo ordinario nombrada el 15 de diciembre de 2019), Lorenia Lineth Montaño Ruiz (PES), Elizabeth Rocha Torres (PAN), Anita Beltrán Peralta (PRI), Perla Guadalupe Flores Leyva (PES), Maricela Pineda García (PRD), José Luis Perpuli Drew (PAN) y Rigoberto Murillo Aguilar (PES). El argumento de la suspensión del cargo fue la existencia de supuestas faltas injustificadas a las sesiones ordinarias.
El 21 de mayo, el total de los ocho diputados y diputadas suspendidas presentaron un juicio para la protección de sus derechos político-electorales con el objetivo de controvertir la celebración de las sesiones plenarias del 17 al 27 de marzo del Congreso de BCS, la suspensión de sus cargos como diputados, así como la designación de los suplentes que ocuparían sus lugares.
A lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el expediente SUP-JDC-724/2020 señala que una violación al procedimiento legislativo tiene consecuencias en el ámbito electoral, “cuando ello repercute en el ejercicio del cargo de las personas que fueron elegidas democráticamente como representantes de la ciudadanía por la vía de mayoría relativa o de representación proporcional”. Finalmente, el TEPJF concluyó otorgarle medidas cautelares y de protección[3] a las y los ochos diputados locales, pues señaló que la Sala Superior sólo se pronunciaría ante los hechos de violencia política y de género que se sometieron a juicio.
Los ochos diputados y diputadas en cuestión no reconocieron la suspensión ni la validez de las sesiones celebradas desde de 17 de marzo. De esta forma, concurrieron dos grupos de legisladores que se ostentaban como Mesa Directiva. Lo que generó una pronta reacción del titular del Poder Ejecutivo de BCS en la que ordenó que el Periódico Oficial del Estado no publicara ningún decreto proveniente del Poder Legislativo local dado que había veintinueve legisladores, y no veintiuno como marca la Constitución local, y dos mesas directivas.
Paralelamente, se promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas fue promovida por el titular del Ejecutivo local con expediente 84/2020,[4] en la que se solicita invalidez de las sesiones públicas en las que se destituye a la diputada Daniela Viviana Rubio de la Mesa Directiva, en la que se suspende del cargo a los ocho legisladores en cuestión y en las que se toma protesta a los legisladores suplentes.
Respecto a esta controversia constitucional, el 29 de mayo, el Ministro Alberto Pérez Dayán solicitó al Congreso de BCS los acuerdos, los decretos y las actas de todas las sesiones celebradas desde marzo. Todo esto por conducto de los dos titulares de la Oficialía Mayor y las dos titulares de la Mesa Directiva del Poder Legislativo local.
Así también, el Poder Legislativo de Baja California Sur en su momento presentó controversias constitucionales con el fin de invalidar la omisión del Ejecutivo de la publicación de los acuerdos y decretos legislativos (Expendientes 45/2020 y 54/2020). Tanto la controversia promovida por el titular del Ejecutivo de BCS, como las promovidas por el Congreso local, están pendiente de resolverse al 18 de junio de 2020, según señala el portal oficial de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reforma legal para sesiones virtuales
En el Tercer Reporte de #CongresosVirtuales de Visión Legislativa, se señaló que:
“El 21 de abril, en sesión presencial plenaria, se aprobó una reforma a la ley orgánica del congreso local para que, en caso fortuito o de fuerza mayor que impida la presencia física en las sesiones, el Pleno pueda llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias de forma virtual, esto con previa convocatoria de al menos 48 horas de anticipación de la Mesa Directiva”.
Según consta en el video de la transmisión de dicha sesión pública, dicha reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de BCS se aprobó por unanimidad, con 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Dicha sesión fue conducida por la Mesa Directiva a cargo de la Diputada Maciel Ortiz.
Dada la crisis política en el Congreso de Baja California Sur, observamos con preocupación la validez tanto de la sesión en la que se aprobó esta reforma, como de las otras donde se siguió aprobando legislación sin haberse resuelto el problema de las duplicidad en las Mesas Directivas.
Pandemia y urgente resolución de la crisis
Según lo señala el micrositio del Gobierno del Estado de Baja California Sur (BCS), al 7 de julio de 2020, en la entidad federativa sumaron 1869 casos confirmados y 94 defunciones por COVID-19. A pesar de que la tasa de letalidad de esta enfermedad sea baja respecto a otras entidades federativas, el semáforo naranja reporta en estado crítico el avance de la pandemia.
En tiempos de emergencia sanitaria, los congresos locales deben continuar con su labor legislativa y de fiscalización del Ejecutivo. Por ello, desde Visión Legislativa esperamos una pronta resolución a esta crisis en el Congreso de Baja California Sur, pues el rol y las facultades de fiscalización, legislación y representación deben continuar.
[1] Esto no aplica para la ley orgánica.
[2] La Ley Orgánica del Poder Legislativo de BCS establece en su artículo 41 que la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la facultad de “Presidir, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las Sesiones”.
[3] Estas medidas incluyen que las responsables y cualquier miembro del Congreso del Estado de Baja California Sur no podrán negar el ingreso de los ocho diputados y diputadas a las instalaciones legislativas. Además, “se ordena al Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur para que otorgue medidas de protección a las y los diputados locales, y a sus familias según sea necesario de acuerdo con un análisis de riesgo y plan de seguridad, tales como la asignación de escoltas, vigilancia o protección, y otras aplicables”.
[4]Controversia constitucional 84/2020. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2020-06-03/MI_ContConst-84-2020.pdf
Investigación de Visión Legislativa realizada por Juan Pablo Figueroa Mansur, Sarai Zulema Oviedo Hernández y Daniel Saavedra Lladó, con la coordinación de María del Carmen Nava Polina.
Las investigaciones se realizan sin financiamiento. Son aportaciones intelectuales y análisis de distintos especialistas. Visión Legislativa se funda en 2009. Tiene como Misión contribuir al conocimiento, al fortalecimiento de la democracia, del parlamento abierto, de la transparencia y rendición de cuentas con énfasis en estudios legislativos y partidos políticos.