Ciudad de México, 1° de enero 2018.
María del Carmen Nava Polina*
@MaricarmenNava
Publicado en el periódico Reforma http://www.reforma.com/
La Ciudad de México estrena en 2018 nueva conformación de instituciones y representación popular que se derivarán de la jornada electoral: el primer Congreso con 33 diputados de mayoría y 33 plurinominales, dieciséis alcaldías con sus consejos de diez integrantes y la Jefatura de Gobierno con nuevas facultades. Elegiremos 243 representantes locales; de los cuales diputados, alcaldes y concejales podrían ser reelectos por un periodo más, en 2021.
Con todo y que veremos los resultados electorales de la reforma política de la capital del país -anhelada por más de veinte años-, el llamado a votar se enmarca por una contienda presidencial con profundo desgaste ciudadano, por el hartazgo colectivo de la transparente corrupción, por una inseguridad creciente, por la reconstrucción del #19S con recursos públicos nimios y contrapesos institucionales impalpables.
Desde los ochentas del Siglo XX, el enfoque del desarrollo democrático en México se concentró en construir credibilidad en la autoridad encargada de contar los votos. Era inminente poder confiar en que el supuesto ganador en las urnas, lo fuera legalmente y se aceptaran los resultados. Ahora la disyuntiva está en que el desencanto por la política ha minado la percepción en la democracia, lo que provoca preguntarse si merece o no la pena votar.
Sólo cuatro de cada diez mexicanos apoyan la democracia como régimen de gobierno, de acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2017. En México se han perdido diez puntos porcentuales en tan sólo un año, siendo el país en América Latina con mayor caída. Hay un claro hartazgo social, con lo que los aspirantes a contender por representar, tendrían que ser lectores del pulso público y que el conflicto constante no se agudizara a grado tal que fuera ingobernable y en costo ascendente la toma de decisiones.
Cada vez son más evidentes los casos de abusos de poder sin sanciones. Y cada vez el costo social es más grande, por lo que hay que recordar que ejercer un voto diferenciado, es decir, por distintos partidos políticos en vez de votar por uno solo, brinda la posibilidad de tener los beneficios de la competencia y del contrapeso institucional para observarse unos a otros.
En la Ciudad de México se cumplieron veinte años en los que ha gobernado un sólo partido y han tenido la mayoría de la representación legislativa. En contraste, cuando se dieron los avances en el funcionamiento interno del Congreso federal fue justo en 1997, cuando ningún partido político contaba con la mayoría de la Cámara de Diputados y formaron reglas para que hubiera proporcionalidad en los órganos, comunicación, difusión.
En este sentido, la visibilidad del trabajo que realiza la Asamblea Legislativa es muy menor al estándar federal, siendo que éste es claramente insuficiente en términos de requerimientos de apertura.
Entonces ¿para qué elegir a nuevos representantes sin monitoreo y participación posterior? Gobiernos y legisladores habrá, votemos o no por ellos. ¿Queremos abdicar del derecho de participar, de exigir y de proponer? Honestamente, considero que la respuesta tendría que ser un rotundo no.
Los aspirantes a candidaturas tienen retos básicos: construir de cero la legitimidad ciudadana; tomar decisiones desde la legalidad y la horizontalidad (ciudadanos a la par de representantes); estructurar propuestas factibles; racionalidad en el uso presupuestal; trabajar con términos de Estado abierto.
Es insuficiente pasar del carro completo de un partido político, a otro. El gobernar con fiscalización, vigilancia y rendición de cuentas, es el hábito –aún inexistente- que debe instalarse en la capital del país.
