Pese a la percepción de lejanía de los efectos de las decisiones públicas en la vida diaria, las elecciones de legisladores, políticas públicas y resultados de gobiernos, están más vinculados con el día a día de lo que se pueda considerar. La decisión de negociar, actuar o no en las manifestaciones por parte de la CNTE en contra de las reformas a leyes secundarias en materia educativa, es sólo un didáctico ejemplo de coyuntura de cómo la política afecta en la calidad de vida.
Hay una diferencia notable del interés por las noticias sociales y políticas: los líderes mexicanos se interesan en un 94 por ciento frente al 30 de la población en general, de acuerdo con la Encuesta “México, las Américas y el Mundo 2012-2013” publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). No obstante, es indispensable evaluar los resultados de las instituciones y funcionarios para aportar a la mejora del estado público.
Medir la calidad de vida
La calidad de vida de la zona metropolitana en México será evaluada periódicamente por especialistas en una serie de indicadores sobre trece áreas concretas en el programa “Cómo Vamos Ciudad de México”. Una de ellas es el área de Gobierno, en la cual Visión Legislativa participa dentro del Consejo Técnico Asesor para medir el desempeño de los congresos locales.
Se aplicarán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Legislatura del Estado de México tres indicadores: transparencia presupuestal, sesiones de comisiones y actividad plenaria. En calidad de organización monitor de la transparencia legislativa reconocida por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, Visión Legislativa promueve los principios de la Declaratoria de Transparencia Parlamentaria firmada a nivel internacional en septiembre de 2012.
Índice de transparencia presupuestaria legislativa
Se estructuró un índice que midiera la transparencia de información respecto al uso de recursos legislativos. Se compone de 67 variables de acuerdo con siete funciones generales de los congresos locales: apoyo técnico, comisiones, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, representación, difusión y comisión permanente.
Ambos órganos legislativos reprueban el índice de transparencia presupuestaria legislativa (ITPL). El Poder Legislativo del Estado de México no informa en siete de cada diez variables, mientras que la Asamblea Legislativa no da información en seis de cada diez casos. En esta primera valoración, se considera la existencia –o ausencia– de información respecto al uso de recursos.
Son dos áreas en las que la Asamblea Legislativa muestra más información. Una es “Apoyo técnico” integrado por 22 variables que van desde apoyo a comisiones, fiscalización o jurídico; existe información en el 75 por ciento de los casos. La segunda es “Difusión” que incluye siete variables como comunicación social, diario de los debates o publicidad; dan información en 71 por ciento. En las cinco áreas restantes, la información existente va del cero al 50 por ciento.
La Legislatura del estado de México es aún más magra: el área de apoyo técnico tiene información en un 70 por ciento; el resto de las áreas va del cero al 57 por ciento.
Demasiado serio para dejarlos solos
“No hay progreso sin reformas, y creemos que el funcionamiento de los partidos y el sistema político es demasiado serio e importante para dejarlo sólo en manos de sus dirigentes. Se debe acomodar el funcionamiento del sistema a una ciudadanía que exige oportunidades de participación, de expresión, de elección y representación (reconocidas explícitamente en el artículo 23 de la constitución) sin las cuales la democracia se reduce a un mero formalismo, poniéndose en peligro su propia legitimidad.” Refiere el Foro Más Democracia, iniciativa ciudadana española, sobre el debate de la Ley de Partidos.
Cada palabra podría aplicarse al caso mexicano. El puntual requerimiento de organizaciones y especialistas ha tenido el común denominador de que los partidos sean sujetos de transparencia y que se requiere –desde hace años- una ley de partidos políticos. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay cuentan con ella.
Veintiún mil presidentes
En el sistema político mexicano se eligen presidentes que surgen de jornadas electorales abiertas a la ciudadanía o cerradas a los partidos políticos. Podríamos agruparlos en tres tipos de presidencias de acuerdo a su naturaleza: de partidos políticos, del poder ejecutivo y del legislativo.
Existen 21,015 presidentes en México en los tres ámbitos de gobierno y de representación. Hay presidentes municipales, de la República, de comités de partidos políticos nacionales, estatales y municipales, de los congresos locales, del Congreso de la Unión, de comisiones legislativas locales y federales (de las cámaras de Diputados y de Senadores).
Ocho de cada diez presidentes corresponden a titulares de los partidos políticos nacionales en su estructura de comités (municipales, estatales y nacionales). El doce por ciento son presidencias municipales y de la República. El cinco por ciento equivale a presidencias en el ámbito legislativo, congresos locales, presidencias de comisiones ordinarias del Congreso de la Unión y de las cámaras respectivas.
¿Cuántos de estos presidentes rinden cuentas? Los partidos políticos aún no son sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia. Esto implica que ninguno de los 17,430 presidentes de comités municipales, estatales y nacionales de los siete partidos políticos con representación nacional dan cuentas a los ciudadanos.
¿Cambiará esto la reforma constitucional en materia de transparencia? Veremos qué decide el Senado en esta segunda vuelta de discusión de la minuta recibida de la Cámara de Diputados. Hay avances pero también retrocesos como han referido la Red por la Rendición de Cuentas, el Colectivo por la Transparencia o el académico Ernesto Villanueva, quienes sostienen un argumento en común de mayor relevancia: es inaceptable la atacabilidad de las resoluciones del órgano garante de transparencia en caso de reservar información por razones de seguridad nacional.
Más vale tarde que nunca
A propósito de la publicidad de la información, con la apertura de sesiones del primer periodo ordinario del segundo año legislativo de la LXII Legislatura (2012-2015), el Senado aprobó un punto de acuerdo en el que los grupos parlamentarios están obligados a presentar un informe trimestral del uso de los recursos legislativos que reciben.
Cabe recordar que los grupos parlamentarios son los brazos legislativos de los partidos políticos. Es escandaloso que los legisladores que vigilan el gasto del Ejecutivo apenas se decidan a dar sus pininos en rendir cuentas. Más vale tarde que nunca.
Es un reto mantener la perspectiva federalista en materia de transparencia legislativa. Si hay urgencias en los requerimientos al Congreso de la Unión, las necesidades de los congresos locales son mayúsculas. La democracia en ese sentido, es una fuente inagotable de participación, vigilancia, propuesta, acción, de mejora continua y permanente.
Aquí el texto completo:
A dos lupas calidad de vida en metrópoli y partidos políticos, 2sep13