El 5 de diciembre se presentaron los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016 que realizamos organizaciones de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa (para consultar el documento completo, ver aquí). La situación en la región no es alentadora, pues se observa el 51 por ciento de transparencia legislativa en países de América Latina.

Los principales requerimientos del Congreso de la Unión en materia de transparencia en México, se encuentran en el funcionamiento, operación, gasto e información del sistema de comisiones, de los grupos parlamentarios, de los perfiles de la estructura legislativa.

En el caso de México, algunas observaciones fueron las siguientes.

México presentó un ligero avance en el índice de transparencia legislativa en los últimos años, pues pasó del 39.59% al 54.10%; no obstante, el resultado continúa siendo reprobatorio en ambas cámaras. El incremento en transparencia se debió en parte a que se cuenta con una nueva y mejorada legislación en materia de transparencia, que generó un órgano garante con autonomía constitucional, así como la existencia de mayor información y difusión ciudadana.

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En la Dimensión de Normatividad, México cuenta con una mayor publicidad del marco normativo interno, aunque se carece de una regulación sobre las oficinas de vinculación y atención ciudadana. La obligación de presentar los informes de gestión de los legisladores están parcialmente establecidos en norma, pues no hay una definición de ciclos específicos. Tampoco hay un marco normativo que estipule la obligación de detallar información de los legisladores en los sitios web, aunque sea una práctica la publicación de algunos datos, como los electorales.

 

La Dimensión sobre Labor del Congreso en México, observa agujeros negros. Como ejemplos: no están obligados a cumplir con documentar la memoria legislativa de las comisiones, a publicar información sobre asesorías externas, a contar con versiones estenográficas, asistencias y votaciones del sistema de comisiones. La nueva Ley Federal de Transparencia establece esta información como pública de oficio, es decir, los poderes legislativos están obligados a presentarla en sus sitios web, pero aún no cuentan con ello. Otra sitio de opacidad se ubica en el registro de obsequios que reciben los legisladores, pues ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República transparentan dicha información.

 

La Dimensión de Presupuesto y Gestión Administrativa en México tiene la carencia de hacer visibles las convocatorias a concursar por plazas del congreso. Tampoco se transparenta la información de asesores y staff parlamentario, lo cual impide conocer y por ende valorar, la profesionalización de la estructura de apoyo parlamentario en los distintos órganos: comisiones, comités, servicios parlamentarios, servicios administrativos, grupos parlamentarios y órganos de gobierno como mesa directiva y junta de coordinación política.

 

En cuanto a los resultados de la Dimensión de Mecanismos de Atención y Participación Ciudadana en México, hace falta que haya mayor difusión en la integración, perfiles y actividad de los legisladores, así como generar mecanismos de participación ciudadana, pues dicha variable muestra opacidad.

Aquí se puede consultar el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2016:

Informe ILTL 2016

 

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