María del Carmen Nava Polina
México, D.F., a 15 septiembre 2015.
La LXII Legislatura inició con intenciones de austeridad mostrada en no aceptar el seguro de gastos médicos por parte de diputados de Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Morena fue más allá: habló de un código de ética que, por su contenido, más bien refiere a lineamientos partidistas para legisladores y algunos de estos incluso son inviables. ¿Cuál es la calidad y viabilidad de los pronunciamientos de los diputados federales y locales del Distrito Federal?
Ética tropicalizada
Se ha buscado posicionar el discurso de austeridad pública cuando –en contraste- diputados y senadores no han aprobado su programa de reorganización administrativa que le requiere el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia, cuya fecha límite se venció el pasado 30 de agosto. Trece años de ser sujetos obligados, una Ley Federal de Transparencia, una reforma constitucional que otorga autonomía al órgano de transparencia, una Ley General en el tema, no han sido suficientes para que los legisladores transparenten el uso de recursos legislativos.
¿Con qué sustentan el querer posicionar un discurso de austeridad y recorte en sus propias dietas, si no han atendido los requerimientos de fiscalización básicos? Recordemos que la Auditoría Superior de Fiscalización ha concluido en las revisiones de la cuenta pública que las cámaras del Poder Legislativo han dejado de contestar observaciones respecto a gastos de las cuentas públicas 2010, 2012 y 2013. Incluso señaló que ambas cámaras han mostrado una rendición limitada de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones.
Pero, ¿qué es lo que ofrecen los lineamientos partidistas de Morena? En materia de manejo de recursos, pretende que la mitad de los sueldos de servidores y representantes, se destinen a educación superior. Conviene realizar puntualizaciones muy básicas de asignación presupuestal y políticas públicas, pues han hecho declaraciones sin saber si esto es factible, y peor aún, medios de comunicación reproducen tales declaraciones sin tener los hilos suficientes para percatarse si son o no declaraciones con viabilidad.
Desde 2006 existe una Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual señala en su artículo 5 que hay autonomía presupuestaria en los ejecutores del gasto (Poderes Legislativo, Judicial y órganos autónomos). Derivado de esto, es que para que fuera posible utilizar parcialmente los recursos asignados a sueldos y salarios del Legislativo, tendrían que considerarse para el siguiente ejercicio fiscal en un programa definido que maneje alguna dependencia del Poder Ejecutivo, cruzándolo –de acuerdo con lo que señala el artícuo 4 de la misma Ley de Presupuesto- con la obtención de resultados en programas y proyectos.
Más allá de los malabares presupuestales, la pregunta de fondo es si estos recursos de Morena o Movimiento Ciudadano, incluso del PRD para el caso del rechazo de la erogación por seguros de gastos médicos, son suficientes para abonar a la aplicación deficiente de los recursos públicos para aminorar las brechas de desigualdad, pobreza, falta de actividad económica, generación de empleos y apoyo a la educación.
Mientras los grupos de parlamento abierto debaten sobre los estándares de ética legislativa y consideran la rendición de cuentas como una prioridad; para el entender de Morena la ética debe guiar el rechazo a privatizaciones o la beligerancia contra toda referencia de iniciativas del actual gobierno a nivel federal lo que nos debe llevar a lo básico: distinguir entre ética y lineamientos partidistas. En la claridad del uso del lenguaje estará la acertividad del mensaje público o bien, la disfrazada demagogia.
Aquí un cuadro ilustrativo sobre los objetivos internacionales de ética legislativa frente a lo que plantea el nuevo partido nacional lidereado por López Obrador. ¿Cuál de las dos listas aportará más?
En relación a la contratación de seguro de gastos médicos, hay que resaltar que se ha convertido en una prestación de servidores públicos no únicamente de legisladores federales. En mandos medios y superiores de la burocracia, está considerada la erogación de estos recursos. La pregunta que merece hacernos es ¿qué tipo de servidores públicos requiere México? Senadores, diputados y servidores públicos deben pagar de manera privada su seguro de gastos médicos. Al demeritar los servicios que reciben del ISSSTE, se debilita aún más la calidad de servicio médico que se proporciona públicamente a los servidores del Estado. Para un mayor desarrollo, comparto entrevista que realizaron al respecto: “funcionarios del gobierno y diputados deben usar ISSSTE”.
Y sólo por colofón del tema, debido a que me comentaron que hago estas aseveraciones porque no conozco el ISSSTE. Mi padre, el Doctor Ubaldo Óscar Nava Hernández, fue médico de dicha institución, jubilado y de la cual mi madre es pensionada. Y en efecto: los servicios son de todas las calidades y carencias. Pero mientras paguemos a legisladores y funcionarios los privilegios de representarnos y servirnos, sin exigir que transformen –para mejor- las instituciones públicas en las que trabajan, la brecha de desigualdad se abrirá aún más.
E insisto, no sólo es ahorro de dinero público, sino enfocarse a las causas reales: representar, dirigir, elegir y dar cuentas de ello.
Reserva de información pública en Tlaxcala
México tiene 32 realidades de transparencia legislativas distintas según la entidad federativa en la que estemos. De ahí que se busque uniformar la transparencia pública a partir de la Ley General en la materia. En Tlaxcala, el congreso local reservó información sobre uso de recursos en viáticos y nómina, cuando es información pública de oficio que establece la obligatoriedad de proporcionarse.
El pasado 9 de septiembre la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala en conjunto con el Congreso del estado, clausuraron el Seminario de Parlamento Abierto, en el que participé por parte de Visión Legislativa. Pese a que la biblioteca en donde se celebró la sesión estaba concurrida, únicamente estuvieron tres de treinta y dos diputados; dos de los cuales se fueron justo al tratar sobre ética legislativa.
Es claro que el desarrollo, la asistencia y la foto en un evento, no implica ningún compromiso y menos la implementación de acciones. Pero es un hecho que el único que está obligado a abrirse y que puede hacerlo, es el mismo legislativo. Los demás actores empujamos, evaluamos, proponemos, exigimos, pero no somos en estricto sentido, los representantes tomadores de decisiones y ejecutores del gasto.
La situación de parlamento abierto en el caso del Congreso de Tlaxcala, lo resume el siguiente cuadro que preparamos las distintas organizaciones para el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México.
¿Hay posibilidad de cambio?
Al final del día: ¿cómo mejorar la vida pública? Sigo pensando que salir a las calles y protestar no es suficiente; tampoco quejarse y sólo ser incendiario. México hoy recuerda, junto con otros países de América Latina, su independencia. Pero independencia implica responsabilidad de sí mismos. Y si bien en el país estamos de luto por omisiones, tergiversaciones, violaciones y falacias, ya es hora de poder brincar la coyuntura y madurar en las elecciones que hacemos.
Legisladores como Carmen Salinas no son un reflejo digno de aplauso. Pero con firmas no es posible ni quitar a un presidente de la República, ni a una diputada federal; eso se piensa antes de las elecciones y de aprobar las reglas de representación. ¿Queremos políticos distintos? Seamos ciudadanos distintos y hagamos mejores selecciones; pero hay que empezar ya.
Tenemos que ser creativos y construir las realidades que queremos. Crear aplicaciones muy atractivas como Pleno Ciudadano, que enfatiza un gran campo para pedir gestiones a los legisladores, no abona al fortalecimiento ciudadano sino a un desconocimiento de las obligaciones legales de un diputado o senador: legislar, fiscalizar, ser contrapeso de poder, implementar las herramientas jurisdiccionales, investigar. Gestionar las peticiones de basura, bacheo, seguridad o alcantarillas abona al populismo y al tipo de representación que no rinde cuentas por el recurso que utiliza, por las decisiones que toma.
¿Qué legisladores queremos? ¿Alguien lo sabe?
El llamado que hacemos desde la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa sobre el caso de Guatemala, pudiera inspirarnos para movernos a la acción: “exhortamos a las instituciones públicas de control, las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía a que se mantengan constantes en la vigilancia de la toma de decisiones públicas por parte de las autoridades salientes y las recién electas para que la lucha contra la corrupción continúe y se fortalezcan los procesos democráticos en Guatemala.”
Despierta México. Ya es hora.
Aquí el texto completo: