Hay actividades que son más riesgosas que otras. La atención y resultados que deben dar -y se les exige- a médicos, arquitectos, ingenieros, actuarios, químicos, matemáticos o físicos, son distintas a lo que se requiere de legisladores, políticos, servidores públicos, maestros. Todos parten de la lógica del derecho a trabajar y tener una remuneración por ello. En el imaginario colectivo ¿a qué se debe esta diferencia?
El observar una pluralidad de partidos representados en el Poder Legislativo que están obligados a negociar, acordar, discutir para formar mayorías y contrastamos las etapas en la historia del Congreso, encontramos que la práctica de conciliar posiciones es cada vez más frecuente. ¿Qué tanto ha beneficiado a la dinámica de la democracia? ¿Ha incrementado la transparencia?
La pluralidad partidista en el legislativo no necesariamente ha rendido frutos en el campo de la transparencia de sí mismo. Y si los diputados no tienen incentivos para transparentarse, es porque quizás no se les ha dado de fuera el llamado intenso y un ya basta.
En el tema de la transparencia legislativa, del uso de recursos, de concretizar la fiscalización al Ejecutivo en mejoras públicas claras, hay un déficit mayúsculo. En la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa realizamos el índice de transparencia legislativa 2013, en el que México obtuvo un 37 por ciento de transparencia.
Nueve países de América Latina reprueban en transparencia legislativa, con un promedio de 40 por ciento. Con este parámetro, hablar de qué país está en mejores condiciones en la región, es un eufemismo; hablar de cuál es el peor, es nadar en el fango.
Aquí puede consultarse el Índice completo: http://www.transparencialegislativa.org/
Índice de Transparencia Legislativa
La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa surge en 2010 y al momento se integra por once países y 21 organizaciones. Se construyó el Índice de Transparencia Legislativa 2013, a partir del cual se evaluaron nueve países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. En el caso de Uruguay, se evaluó una de las cuatro dimensiones.
Las dimensiones del Índice son cuatro: Normatividad; Labor del Congreso; Presupuesto y Gestión Administrativa; y Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas. El Índice refiere lo que considera cada dimensión.
La dimensión de Normatividad refleja la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances.
La dimensión de Labor del Congreso considera la existencia y publicidad de los diferentes medios utilizados por los congresos para dar a conocer el cumplimiento de sus funciones –individuales o de grupo parlamentario- en materia legislativa (debates, votaciones), de control político y elección de autoridades.
La dimensión de Presupuesto y Gestión Administrativa evalúa la publicación del uso y gestión de los recursos financieros y humanos, existencia de controles internos y externos del presupuesto legislativo. Dentro de esta dimensión se considera tanto el cumplimiento efectivo de la norma como a la transparencia proactiva de los Congresos, al publicar información independientemente de su obligatoriedad.
La dimensión de Mecanismos de participación, atención ciudadana y rendición de cuentas incluye los medios de atención, vinculación y participación con la ciudadanía; tanto el cumplimiento efectivo de la norma y la rendición de cuentas de los congresistas o asambleístas, como los mecanismos implementados por los propios Congresos o Asambleas proactivamente que permiten y garantizan la correcta participación y atención ciudadana.
En Latinoamérica, el área con peor transparencia es la de Presupuesto y Gestión Administrativa, con 26 por ciento; le sigue Normatividad (44%), Labor del Congreso (45%) y Mecanismos de Participación (46%).
La RedLTL refiere que “en 4 de los países evaluados se publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela), mientras que en otros 5 éstas no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México). Sin embargo, el ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (a excepción de Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se conoce a través del informe anual. Además, esta información se presenta en formatos y tablas cerradas dificultando el cruce de información y análisis detallado. La RLTL hizo énfasis en su análisis en la publicación y organización de la información en formatos abiertos y reutilizables, en consonancia con las nuevas tecnologías y diversos usos que se le da a la información en la actualidad, observando serios retrasos y la región respecto a la utilización de nuevas tecnologías en la administración.”
En el caso de México el índice de transparencia en presupuesto y gestión administrativa es del 21 por ciento; ocupa el sexto sitio entre los países evaluados.
Se incluyen diez variables, en tres no hay información: asesores de legisladores, publicación de estados financieros por viajes y publicación de llamados a concursos del personal legislativo. En el caso de la ejecución del gasto de los grupos parlamentarios, la transparencia es de 8 por ciento (en una escala de 100).
Ciclo presupuestal y responsabilidad
Dos de calificación es la transparencia legislativa que existe en el uso de recursos. En México estamos en medio de la discusión del Presupuesto de Egresos 2015, ¿este año sí incluirá obligaciones de transparentar el uso de recursos en cualquier actor público o privado que los utilice?
Gran responsabilidad es la que hay a cuestas. Más aún si se le da la misma importancia en los hechos que en los discursos, a que México presida el Open Government Partnership a nivel mundial. ¿Va a dar el ejemplo? ¿O va a sumar un interminable número de foros, fotos y promesas?
Diputados federales, senadores, IFAI y organizaciones de la sociedad civil firmaron la Alianza para el Parlamento Abierto (APA) en México; lo mínimo que puede hacerse es sentarse a trabajar en resultados concretos y con plazos determinados.
“Debemos confiar en los intermediarios de la transparencia; en los amigos y aliados de la lucha contra la opacidad: los miembros de los órganos garantes y las organizaciones de la sociedad civil deben garantizar los derechos ciudadanos de acceso a la información.” Refirió Alasdair Roberts, académico, durante su participación en el Seminario Internacional “Diseño de política pública de rendición de cuentas y combate a la corrupción”, organizado por la Red por la Rendición de Cuentas.
Si: confiemos. Pero trabajemos a la par de tomarnos la foto y hacer cómplices a los micrófonos al hablar -sin parar- de una realidad que no es y a la que aspiramos. La transparencia legislativa sigue en las minas de la representación ciudadana. El trabajo de mineros es indispensable.
Estos días en que la Conferencia Permanente de los Congresos Locales se reúne en el Distrito Federal con sede en la Asamblea Legislativa, sería indispensable que en la mesa de parlamento abierto que tendrán, planten sumarse a la Alianza para el Parlamento Abierto pero, sobre todo, que tomen acciones y compromisos con fechas concretas.
Hay un mil 136 legisladores locales en el país y todos pueden reelegirse. Ya no hay tiempo para esperar más.
Aquí el texto completo:
En las minas de la representación, 22oct14